Los concejales del IU y del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid han solicitado un informe de legalidad al secretario general del Consistorio ante las quejas formuladas por el movimiento vecinal sobre la duración del plazo de exposición pública de las ordenanzas fiscales.

Tanto IU como PSOE considerad que la "interpretación restrictiva" del concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, podría generar "un problema serio de inseguridad jurídica y de restricción al derecho fundamental de los ciudadanos" a participar en los asuntos públicos de forma directa, amparado por el artículo 23 de la Constitución Española.

Ello se debe, según han explicado, a que el PP interpreta que los 30 días hábiles de exposición pública empiezan a computarse desde el siguiente al de su publicación en el tablón municipal de edictos, con independencia del día en que se publiquen los anuncios en el Boletín de la Provincia o en uno de los diarios de la provincia.

La publicación en el diario público y en prensa escrita es obligada por la Ley de Haciendas Locales.

Ambos grupos quieren conocer si la tramitación de las ordenanzas se ajusta a derecho "o se puede poner en cuestión su legalidad", aspecto que conviene "aclarar" de cara a su entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2014, por lo que se solicita el informe al Secretario General del Pleno, al amparo de la Ley de Régimen Local.