El Gobierno andaluz ha empezado a dar los pasos para defender "hasta la última coma" del Estatuto de Autonomía de Andalucía frente a la reforma de la administración local aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, la cual, según ha indicado el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha nacido "muerta" y es prácticamente "inaplicable".

En rueda de prensa, Diego Valderas ha informado de que ha dado orden a la Dirección General de Administración Local de la Junta para que haga un análisis pormenorizado de la citada reforma, que incluso "se ha endurecido más" en el proceso final, y de cómo va a incidir en la comunidad autónoma.

Ha puesto de manifiesto además que se trata de una ley "débil", que estará "dormida" hasta que se celebren las elecciones municipales. Con esta norma, según Valderas, el Gobierno de Mariano Rajoy pone de manifiesto una vez más que "no manda, sino que es mandado por la troika y las grandes empresas".

El vicepresidente también ha anunciado una convocatoria de la Mesa de Concertación Local para abordar el alcance de la reforma y se traslade un informe al Consejo de Gobierno, para que tome las acciones oportunas, como un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley, para lo que estamos "cargados de razones y fundamentos".

Para Valderas, el Gobierno andaluz está "obligado a defender hasta la última coma" del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que, sin duda, con la ley de reforma local está siendo "vulnerado". "La Junta trabajará para impedir que el Estatuto se mutile", según ha sentenciado.

El vicepresidente también considera fundamental un encuentro con la Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar la reforma local.

Ha querido dejar claro que Andalucía no va a permitir carecer de "derechos menores" que los que se otorgan al País Vasco ante esta reforma.

Valderas ha participado en la presentación de la resolución del pleno del Consejo Andaluz de Consumo sobre la ley de reforma local, en la que se pone de manifiesto que dicha norma "suprime la defensa" de consumidores y usuarios como competencia propia de los municipios, al tiempo que supone una "mutilación" de la Ley andaluza de Consumo, donde las redes municipales eran un referente para el ejercicio de los derechos.

La directora general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz, ha abogado por la constitución de un frente común para defender esas competencias y garantizar los derechos de los consumidores, frente a las políticas del Gobierno del PP.

Por su parte, la portavoz de Facua, Olga Ruiz, ha indicado que municipalismo y protección de los consumidores siempre han "ido de la mano", algo que ahora se ha "roto" con la Ley de reforma local, que supone la "mercantilización de los municipios".

La presidenta de la asociación de consumidores Al-Andalus, María Ángeles Rebollo, ha querido dejar claro que "atacar al municipalismo es atacar a la ciudadanía".