Los secretarios generales de COAG en Andalucía, Miguel López, y UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, han considerado este jueves que la propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre pagos acoplados es una "estafa" a los productores andaluces.

En rueda de prensa para señalado "el grave perjuicio" para Andalucía que supone la propuesta de ayudas acopladas que ha preparado el Ministerio de Agricultura. Este planteamiento, que se abordará en la Conferencia Sectorial de los próximos 21, 22 y 23 de enero, implica que Andalucía perdería cada año cien millones de euros, es decir, 600 millones en todo el periodo, ya que aportaría al sobre común 176 millones (el 30,5% del presupuesto estatal, que es de 577 millones), pero recibiría sólo 76 en pagos acoplados.

De ese modo, según han indicado, "hay sectores de enorme importancia para Andalucía que quedan excluidos y otros que recibirán unos pagos absolutamente insuficientes, como es el caso del caprino o los frutos secos".

El secretario general de COAG-A ha explicado que "esta reforma traerá una disminución presupuestaria para el agro andaluz, del orden de 35 millones de euros anuales, porque lo que ha dicho el Ministerio hasta ahora no es verdad". En este sentido, ha precisado que, primero, hay una reducción del 1,6 por ciento a nivel presupuestario, "cuando nos han vendido que venía más dinero". Segundo, se enteran por fuentes externas al Ministerio "y sin la intención política de que lo sepamos", de que pretenden quitar cien millones de euros en ayudas acopladas en Andalucía, cantidad a la que hay que sumar otros 75 millones anuales en Desarrollo Rural y la pérdida del poder adquisitivo del IPC, que supone otros 33 millones. "Es decir, perderemos al año 208 millones de euros. Es una barbaridad y un despropósito lo que se pretende hacer con el tejido productivo andaluz", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha criticado el hecho de que reciban esta propuesta "extraoficialmente y que se esté negociando a espaldas de las organizaciones agrarias". "Tras un primer análisis se confirma lo que hemos venido denunciando en estos meses, que ni hay el mismo dinero que en el periodo anterior de la PAC y que, claramente, el ministro pretende, con esta propuesta, estafar a los agricultores y ganaderos andaluces, metiéndonos la mano en el bolsillo".

Así, ha instado a cambiar esta propuesta, que "no se ajusta a un modelo profesional, sino a un acuerdo político con el que Arias Cañete pretende compensar a otros territorios, eso sí, con las ayudas de Andalucía".

El nuevo reglamento comunitario de pagos directos permite a los estados miembros destinar un porcentaje de los fondos a ayudas acopladas, para determinados sectores con especiales dificultades, entre los establecidos en un listado (en el que no figuran sectores emblemáticos como algodón, flor cortada, tabaco, aceituna de mesa o viñedo, entre otros). España decide en Conferencia Sectorial cómo aplicar estas ayudas, y creó para ello un grupo de trabajo del que las organizaciones agrarias quedaron excluidas, tal y como hemos denunciado en numerosas ocasiones. Por tanto, el Ministerio de Agricultura está pactando con las comunidades autónomas el reparto de las ayudas acopladas.

Según han destacado, el documento de trabajo que sirve de base para aprobar dicho reparto plantea una propuesta que lesiona gravemente los intereses de Andalucía, a pesar del peso específico que Andalucía tiene desde el punto de vista agrario (aportamos casi un 23% de la PFA estatal, más de 9.900 millones de euros, y más del 50% de los afiliados en el sector agrario en España están en Andalucía).

Y es que, según han lamentado López y Rodríguez, esta propuesta del Ministerio "no responde a criterios objetivos, sino políticos y de determinados grupos económicos". Por eso, las dos organizaciones han reclamado que se modifique sustancialmente la propuesta para corregir este planteamiento y que el equilibrio territorial se restablezca, evitando el trasvase de fondos, incluyendo elementos como el establecimiento de topes en las ayudas y priorizando a profesionales o colectivos particularmente afectados dentro de un sector.

Tanto López como Rodríguez han dejado claro que las ayudas acopladas deben tener legitimidad social y deben apostar por un tejido profesional que es el que sostiene el campo y genera empleo. "Si la intención del Ministerio no se modifica, ambas organizaciones no descartan ninguna acción de protesta ni tampoco recurrir a vías legales", han advertido.