El secretario local del PSOE en Cádiz y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco González, tras conocer que el edil del PP Ignacio Romaní ha vuelto como imputado en el 'caso Quality Food' al juzgado para "no declarar nada", ha criticado "la estrategia que el PP tiene desde hace más de una década para dilatar en el tiempo el caso, tal vez buscando la atenuante de dilaciones indebidas".

En un comunicado, González argumenta que "en lugar de colaborar con la justicia para contribuir a aclarar lo que sucedió con la empresa de alimentación, nos encontramos con un PP al que no le interesa afrontar los hechos", criticando los "obstáculos por parte de testigos y acusados del PP con los que ha tenido que lidiar la juez" que instruye el caso.

El portavoz socialista se pregunta "si Romaní habrá decidido no declarar para no seguir incurriendo en contradicciones" y ha asegurado que la instrucción judicial "sitúa claramente al Ayuntamiento de Cádiz en el meollo de la trama".

Por ello, entiende que la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), debería "asumir responsabilidades políticas", en lugar de "tratar de justificar el comportamiento de Romaní" ya que, según el último auto de la juez, "de los hechos probados resulta que Osuna, con el asesoramiento de José Manuel Fedriani, actual director de la Zona Franca, Ignacio Romaní y otras personas por determinar, de acuerdo con Manuel García Gallardo, procedieron a desarrollar una conducta compleja, orientada a desviar del presupuesto dinero público".

Al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento le parece "gravísimo" que "con el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz, obtenían de los caudales unas cantidades que financiaban la actividad empresarial de García Gallardo y del que se extraían para incorporarse a sus patrimonios individuales".

Recuperar todo el dinero "extraviado" para financiar inversiones

Así las cosas, ha exigido a Martínez y al actual delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, que hagan "lo imposible por recuperar todo el dinero extraviado por los casos Rilco y Quality Food", un dinero que podría servir "para financiar verdaderas inversiones para la ciudad".

González considera que el PP de Cádiz tiene que explicar aún a los gaditanos por qué "nada hicieron por evitar el agujero económico por valor de 30 millones de euros que causaron al Consorcio de la Zona Franca y ha lastrado la imagen del ente todo este tiempo".

El socialista ha vuelto a pedir la dimisión de Romaní como consejero en el Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz, al entender que "su situación es insostenible tras su imputación por un posible delito de malversación". "

"Romaní, aprovechándose de su cargo, ha cuestionado incisivamente el trabajo de la Abogacía del Estado, que se mostró contraria al proceso de compra de Quality Food al que, con su voto como consejero, él sí le dio el visto bueno", concluye González.