El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha expresado este jueves el "máximo respeto" de la Junta a la operación que están llevando a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del sindicato UGT Andalucía en Sevilla para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Sánchez Maldonado ha indicado que la Junta estará a ver lo qué ocurre y que, en este momento, no es posible hacer ninguna otra valoración.

Asimismo, el consejero ha manifestado que, tras la intervención de la Guardia Civil, no está previsto que se acelere el proceso de instrucción sobre expedientes de UGT-A que está llevando a cabo la Junta, sino que, en todo caso, si los agentes descubren determinadas "irregularidades", puede que ello obligue a tomar algún tipo de medidas a las distintas administraciones. "Pero habrá que estar a la espera de lo que ocurre", ha sentenciado.

El consejero ha indicado que la Junta continua con su proceso de instrucción sobre los expedientes de UGT-A, con la revisión de oficio en unos casos y la revisión de información en otros. Ha apuntado que hay tres meses como máximo para que el Consejo Consultivo emita su declaración de nulidad o no de los expedientes que se están analizando.

Ha apuntado que no tiene constancia de que UGT-A haya planteado alegaciones a la conclusión del funcionario instructor, remitida al Gabinete Jurídico de la Junta, planteando la nulidad de dos ayudas por importe de 1,8 millones de euros. Ha indicado que, en su momento, el sindicato tendrá la posibilidad de poder recurrir el auto final del Consejo Consultivo a ese respecto.