La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, continúa con la instrucción del denominado 'caso Quality Food' con la declaración este jueves en calidad de imputado de Ignacio Romaní, edil del Ayuntamiento de Cádiz y consejero del PP en la Zona Franca de Cádiz.

Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, además de Romaní, este jueves están citados a declarar los exediles 'populares' del Ayuntamiento de Cádiz Enrique García Agulló y Fernando Sicre, ambos como testigos.

Cabe recordar que Romaní declaró por primera vez en el juzgado que instruye el caso como testigo propuesto por la defensa del exdelegado del Estado en la Zona Franca Miguel Osuna tras su imputación. Posteriormente, la juez decidió imputar a Romaní, que presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz, motivo por el que se acogió a su derecho a no declarar el pasado 22 de noviembre.

De hecho, la Audiencia, en un auto que se conoció el 5 de diciembre, decidió revocar la imputación de Ignacio Romaní por no estar los suficientemente motivada. Así, la dejaba sin efecto hasta que se dictase un auto que contuviese "una motivación, aunque somera, de los elementos extraídos de la instrucción como imputables a quien se acuerda que preste declaración como imputado".

Unos días después, García Jover notificó a las partes un auto con el que volvía a imputar a Romaní, lo cual calificaba de "imprescindible" en esta fase procesal para que aporte la "información pertinente sobre la malversación de fondos públicos ocurrida en la Zona Franca" en relación a la adquisición de la empresa alimentaria Quality Food.

Entre otras cuestiones, la juez expone que la declaración realizada por Romaní el pasado 10 de julio —en aquella ocasión como testigo— se refleja la existencia de "importantes contradicciones" con lo declarado por Osuna, quien "sin hacer mención expresa a persona concreta", relataba la "especial implicación del Ayuntamiento de Cádiz" y atribuía a Romaní un "perfecto conocimiento de lo que acontecía en la Zona Franca pese a no entrar en ella hasta el año 2003".

Según indicaron a Europa Press fuentes del caso, recoge el auto que Romaní refirió en su declaración que todo lo que conocía de Zona Franca lo sabía por los comités y los plenos, o cual es "al menos incorrecto", al haberse conocido valoraciones de la empresa que "no aparecen en ninguna de las actas de la Zona Franca ni consta que se estuvieron debatiendo en estas", habiendo manifestado Osuna que desconocía las valoraciones de Quality Food elaboradas por esa empresa en concreto.

Según las citadas fuentes, la juez indica en el auto que dicho "conocimiento extraoficial" hace que cobren fuerza las manifestaciones del responsable de la empresa alimentaria, Manuel García Gallardo —también imputado—, en las que hace referencia a una reunión anterior al comité del 26 de diciembre de 2003 en la que afirma estaba Romaní y "en la que se hablaba, al parecer, de la precaria situación de Quality".

Alude también a las manifestaciones de Osuna afirmando que días antes del referido comité "pidió consentimiento al Ayuntamiento para apoyar a Quality manifestando que no sabía si el Ayuntamiento estaba de acuerdo". Así, en base a éstas y otras argumentaciones, considera "imprescindible" la imputación de Romaní para que aporte la información y explicaciones pertinentes sobre la malversación de fondos públicos ocurrida en la Zona Franca gaditana.