La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado que se investigue la contratación de servicios o trabajos por parte del anterior equipo de gobierno en la Diputación de Almería que se abonaron en dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de más de 4,5 millones de euros al apreciar un "cúmulo de irregularidades" que, en algunos casos "más graves", podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o "en último término", de tráfico de influencias.

El Ministerio Público señala, sin embargo, que, a la vista del informe que ha elaborado la Policía Judicial, "no parece" que los acuerdos adoptados por la corporación provincial en las sesiones plenarias de 1 de marzo de 2011 y 2 de marzo de 2012 para reconocimiento extrajudicial de créditos "deban reputarse constitutivos de delito de prevaricación administrativa".

Sí cuestiona el decreto que visa el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, "alguna o algunas" de las actuaciones administrativas "irregulares" que se convalidaron mediante los citados reconocimientos extrajudiciales y apunta a que pueden "ser tachadas no sólo de irregulares, sino incluso de ilegales o hasta —añade— de resoluciones prevaricadoras".

De este modo, remarca que algunas podrían constituir "puros ilícitos administrativos" como la "defectuosa conformación de facturas", otras podrían comportar "responsabilidad patrimonial de autoridades y personal" y "las más graves podrían ser incluso constitutivas de un delito".

En concreto, según hace referencia el documento, al que tuvo acceso Europa Press, estos indicios de delito serían "bien por adjudicación de obras o trabajos conculcando palmariamente la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bien por la adjudicación de tales encargos por parte de quienes carecían de legitimación para ello, o por vulneración o inexistencia del preceptivo procedimiento o expediente administrativo".

La Fiscalía Superior señala, asimismo, que "incluso" podría apreciarse "indiciariamente" la "posibilidad" de "algún tipo de malversación" de acuerdo a la observación que hizo el interventor de la institución en los informes previos a ambos pleno "aludiendo a la falta de adecuación de los centros u órganos de gasto a las directrices marcadas por el pleno".

"Y hasta, en último término, cabría pensar, al menos en términos de pura hipótesis, en la presunta comisión de uno o varios delitos de tráficos de influencias de los artículos 428 y ss. del Código Penal", continúa el decreto, en el que se subraya que "son muchas las irregularidades detectadas por el interventor en la contratación de servicios o de trabajos" por parte de la Diputación e "incluso supuestas desviaciones de partidas que deberían hallarse de manera conveniente presupuestadas".

A la vista de esto, remite a la Fiscalía Provincial de Almería la denuncia que dio lugar a esta investigación, que interpuso la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, y el informe de la Policía Judicial para que dirima si hay prevaricación administrativa en "diversas adjudicaciones de servicios efectuadas", malversación de caudales públicos por "desviación de los fondos presupuestados" o "incluso tráfico de influencias". Las citadas diligencias se han incoado en Almería esta semana.

El decreto ordena, asimismo, el archivo de la investigación en la Fiscalía Superior de Andalucía ya que tales actos administrativos, en el supuesto de constituir delito, "habrían sido cometidos por autoridades o funcionarios durante una época anterior al actual gobierno en la Diputación Provincial", en alusión al gobierno PSOE-PAL entre 2007 y 2011.

Considera, así, que la investigación no afecta a aforados, en concreto al diputado y parlamentario andaluz Miguel Ángel Castellón ya que se habrían cometido antes de que llegará a la presidencia de la institución el PP y "no parece indiciariamente —sostiene— que haya participado en tales actividades de contratación que pudieran reputarse prevaricadoras, malversadoras o constitutivas de otro ilícito penal".