El Gobierno de Asturias lamenta el rechazo del Partido Popular y del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a cumplir la sentencia que le obliga a abonar a Asturias los 213 millones de euros de los convenios de fondos mineros de 2011, tal y como acordó el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4. "Se trata de una nueva agresión a Asturias del Gobierno central", ha afirmado el consejero de Presidencia y portavoz del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez.

A través de una nota de prensa, el titular de Presidencia considera que el freno del PP registrado hoy en el Senado a una propuesta respaldada por el resto de las fuerzas políticas para que el Gobierno de España acatase la sentencia judicial que reconoce a Asturias el derecho a percibir inversiones pendientes de los fondos mineros "es una muestra más de que el PP incumple sus compromisos y actúa en contra de los legítimos intereses de los asturianos".

Guillermo Martínez ha censurado en particular la actitud de los senadores del PP en representación de Asturias, "que han optado por dar la espalda a sus conciudadanos y respaldar esta nueva agresión del Gobierno del señor Rajoy a nuestra comunidad".

El consejero ha añadido que el Gobierno que preside Javier Fernández seguirá defendiendo, tanto en el ámbito político como en el judicial, el pago de las inversiones a cargo de los fondos mineros de los dos últimos años, unos recursos económicos que son "clave para la reactivación de las comarcas mineras".

Ejecución provisional

Según ha explicado el Principado, el pasado 29 de noviembre, último día de plazo que tenía para fijar posición ante la sentencia que reconocía las demandas del Principado sobre los fondos mineros de 2011, el Gobierno central formuló un recurso para frenar su aplicación y no abonar los 213 millones de ese ejercicio. Esa actuación ha sido refrendada hoy en el Senado, al "imponer el PP su mayoría absoluta para bloquear el cumplimiento de la decisión judicial".

Ante esta situación, el Gobierno del Principado ha planteado a los tribunales la ejecución provisional de la sentencia para evitar más dilaciones y se abonen los fondos adeudados a Asturias de forma inmediata.