El consejero de Economía andaluz, José Sánchez Maldonado, ha aseverado este miércoles que la supuesta "ayuda financiera" a las comunidades autónomas a través de que éstas se queden con la recaudación por el impuesto de Patrimonio y no se les deduzca del sistema de financiación, "no es otra cosa" que la continuación de la medida puesta en marcha en septiembre de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ahora se le da seguridad jurídica a la norma, que hace que las comunidades autónomas que han puesto en marcha el impuesto sobre patrimonio puedan disponer de los recursos de la recaudación de este impuesto sin tener que contestar al Estado", ha mantenido el consejero en declaraciones a los periodistas en Madrid, donde participa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sánchez Maldonado, que acude al cónclave por encontrarse la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en pleno debate sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, ha reconocido que se trata de una "medida importante" que dota de mayor capacidad financiera a las comunidades autónomas, les da "seguridad jurídica" y amplía su plazo a 2013 y 2014.

En virtud de lo recaudado por el impuesto de Patrimonio, Andalucía tiene 80 millones de euros presupuestados para este año 2012 y 99, para el próximo.

En el encuentro de este miércolesdel CPFF, se creará el equipo técnico que va a evaluar el modelo de financiación, que corresponde realizar en diciembre, y proponer el nuevo. Al respecto de lo cual, Sánchez Maldonado ha dicho que "es importante cuanto antes empezar los trabajos para ver cuál va a ser el futuro del modelo".

Reordenación del sector público

Otro punto que aborda el encuentro de los consejeros de Economía y Hacienda con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es la reordenación del sector público, aspecto en el que, según ha dicho Sánchez Maldonado, "Andalucía está cumpliendo con sus compromisos".

La Administración regional ha eliminado un total de 121 empresas pese a que su compromiso fue de eliminar 100. Eso supone un 110 por ciento del compromiso, que fue adquirido en el Plan Económico y Financiero, en enero de 2011.