La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ve "inadmisible" el "ataque" al juez Fermín Goñi por su decisión sobre la administración judicial del Racing de Santander, sobre todo cuando proceden de personas con responsabilidad pública.

Así se señala en un acuerdo adoptado este martes por la Sala después de las críticas vertidas por representantes de algunos partidos políticos y personas vinculadas al Racing tras la decisión del juez de nombrar a Carlos de la Dehesa administrador judicial del Racing pero no concederle plenas facultades y mantener al actual Consejo de Administración del club.

El administrador tiene como únicamente como tarea fiscalizar los ingresos de taquillas y abonos y garantizar el embargo que pesa sobre ellos y que la recaudación se destine a pagar la deuda de 2,5 millones de euros que el club tiene con la empresa Inmorrabi.

La Sala de Gobierno critica que estas personas para mostrar su "legítima disconformidad" con esta decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Santander acudan, a su juicio, "no al contenido de la decisión, sino a un ataque a la persona que la adopta y a la institución en la que se integra".

Insiste en que esta postura es "tanto más criticable cuando procede de personas con responsabilidad pública que extienden entre la ciudadanía una velada sospecha acerca de la actuación de los Tribunales de Justicia".

"La crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces y magistrados titulares del Poder Judicial", ha señalado la Sala.

Sus integrantes han asegurado ser "conscientes" de los "sentimientos" que el futuro del Racing de Santander despierta en muchos ciudadanos y representantes políticos y sociales pero considera que ello no puede justificar que "la defensa de tan nobles aspiraciones se lleve al campo de las opiniones puramente pasionales, desprovistas de la mínima objetividad y rigor".

En este sentido, ha recordado que jueces y magistrados resuelven los "concretos" conflictos jurídicos que las partes del proceso le plantean, de conformidad con las posiciones de las mismas y mediante la aplicación motivada del ordenamiento jurídico, "sin que les sea lícito resolver de conformidad con otros legítimos intereses que pudieran ser ajenos al proceso" y cuyo campo de resolución se encuentra, "en muchas ocasiones, en ámbitos alejados de la competencia judicial".

Ha señalado que, en este caso concreto, no se sometía a la consideración de los tribunales una especie de "causa general" sobre la situación del Racing, sino la adopción de aquellas medidas que, "para un concreto supuesto, permitieran dotar al acreedor de un conjunto suficiente de garantías para la normal percepción de lo adeudado".

Por ello, ha aclarado que no pueden adoptarse "otras medidas cuya procedencia está sujeta a las decisiones que se tomen en otros procesos judiciales en trámite".

La Sala del TSJC se ratifica en su acuerdo en la "necesaria garantía e interpretación extensiva del derecho constitucional de defensa" pero "considera inadmisible que quienes son parte en un proceso judicial y han tenido importantes responsabilidades en el Club, utilicen el dictado de una resolución judicial para, con expresiones absolutamente rechazables, tratar de aprovechar un determinado sentimiento social en su exclusivo beneficio".

En el acuerdo adoptado, se "reafirma" la voluntad de la Sala de "velar" por la "defensa del prestigio y la imparcialidad" de todos los miembros de la carrera Judicial que ejercen en Cantabria.