La XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, celebrada desde el pasado lunes en Sevilla, ha acordado proponer la supresión de la posibilidad que establece el Código Penal de suspender el cumplimiento de las penas por casos de corrupción en caso de que se solicite el indulto, así como suprimir estos casos del "elenco de delitos a enjuiciar por el jurado popular".

Así figura en el documento de conclusiones aprobado este miércoles, que incluye un apartado específico de "propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción" en el que también se reclama la "deseable" creación de un "cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados a semejanza de los médicos forenses" y se rechaza "de todo punto" que la designación última de peritos "se efectuada por parte del director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política".

Con carácter general, los jueces decanos subrayan la necesidad de garantizar "mecanismos ágiles de apoyo" en juzgados "sobrecargados" o encargados de asuntos "especialmente complejos o de gran trascendencia social —y singularmente en casos de corrupción— que requieren una dedicación intensiva del juez".

"Es indudable que los jueces que conocen de asuntos de especial relevancia, deben dedicarse a ellos de forma exclusiva, por lo que habrá que facilitarles al máximo y sin excusas su labor y proporcionar los medios necesarios para ello, y asumir que no es posible en muchos casos llevar a cabo una investigación seria y rigurosa en dichos procesos y continuar asumiendo el trabajo propio de la marcha normal del juzgado", advierten los jueces decanos, que demandan una "auténtica regeneración ética de la sociedad en todos sus aspectos, que pasa por la concienciación y por el cambio de parámetros y valores inculcados como parte de la educación".