La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha saludado este miércoles que el Ministerio de Sanidad prevea regular el uso de los cigarrillos electrónicos, como la ministra de Sanidad, Ana Mato, trasladará este miércoles a las comunidades autónomas, y ha mantenido que la Junta prohibirá su uso en los centros educativos y sanitarios que gestiona.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el primero al que asiste desde su llegada al Gobierno andaluz, la consejera ha dicho que, mientras que se produce la regulación a nivel nacional —aún se desconoce si se realizará a través de la modificación de la ley antitabaco o de qué modo— la Junta no permitirá el uso del tabaco electrónico en aquellos espacios sanitarios y educativos que son de su competencia.

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que este departamento prepara, junto a la Consejería de Educación, una resolución para la prohibición de uso.

Además, Sánchez Rubio ha explicado que la regulación se produce al entender que los cigarrillos electrónicos "dan unos modelos que pueden ser un ejemplo inadecuado" y al desconocer con exactitud "lo perjudiciales que pueden ser para la salud".

En ese sentido, ha indicado que la Junta está haciendo un estudio del contenido de todas las marcas y, desde la inspección sanitaria, va a controlar que la publicidad "no sea engañosa", a la vista de que "se está diciendo que curan". "Hay que tener muchísimo cuidado", ha advertido.

Entre los 26 temas que se abordarán en el encuentro de hoy está la modificación de la cartera de servicios para atender situaciones de salud pública, incluyendo a personas que no están aseguradas y ha mantenido que a la Junta le "preocupa enormemente" este asunto porque, en primer lugar, "discrepa absolutamente" de lo que se estableció en el decreto 16/2012 "donde se pasa de un sistema universal a uno de aseguramiento", lo que significa que hay muchas personas que no están aseguradas y no van a ser atendidas.

Además, "ahora a esas personas que no están aseguradas se les obliga a tratarse cuando tengan enfermedades de salud pública, como la tuberculosis, pero después se les hace pagar las prestaciones", ha criticado la consejera. "Usted se trata y después le pasamos la factura", ha reprochado.

Mantenimiento servicios

Por otro lado, la responsable andaluza ha mostrado su "profundo desacuerdo" en la orden que modifica el decreto del catálogo de servicios que afecta a la reproducción asistida al entender que "lesiona la igualdad" entre las mujeres y ha recordado que la ley obliga a la atención a las mujeres "independientemente de su estado civil".

"Entendemos que esta modificación altera sensiblemente ese principio de igualdad", ha insistido Sánchez Rubio, que ha hecho hincapié en que Andalucía mantendrá los servicios en las mismas condiciones que está regulado por ley porque "es garantía de equidad e igualdad del sistema".

Por último, prevé exponer en el encuentro su preocupación por el tratamiento que se está dando a la enfermedad mental ya que, por una parte, el Código Penal, la "estigmatiza como si fuera de peligrosidad" y, por otra, en el ámbito sanitario, se aborda como "un problema de salud pública". "Nos ha costado muchos años, desde la reforma psiquiátrica, quitar ese estigma sobre la enfermedad mental y creemos que es muy importante que la salud mental no esté en ese ámbito de salud pública".