El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha calificado este lunes el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 la ausencia de "las medidas necesarias" para solucionar y erradicar las "irregularidades" detectadas en la partida presupuestaria 31L, investigada por la juez Alaya, como "otro más sobre lo que han sido responsabilidades" en ese caso, en el que la determinación de esas responsabilidades, a su juicio, "se está dilatando demasiado en el tiempo".

En declaraciones a los periodistas en el transcurso de una visita a la Universidad de Jaén (UJA), Valderas ha confirmado que conoce dicho informe, si bien ha abogado por que la justicia vaya "a lo suyo, a resolver los problemas judiciales para llegar al máximo nivel de conocimiento" de lo ocurrido y así se puedan "establecer las responsabilidades administrativas y penales que sean necesarias", mientras que el Gobierno se dedique "a gobernar, y el Parlamento a legislar".

No obstante, a juicio del vicepresidente de la Junta, "la sociedad necesita andaluza que de una vez por todas se establezcan las responsabilidades necesarias en esta materia", algo que, en su opinión, "viene dilatándose excesivamente en el tiempo".

En ese sentido, ha abogado por "trasladar a cualquier otro tribunal cualquier otro elemento de responsabilidad que esté más allá de la juez Alaya". "Si es necesario, habrá que hacerlo", ha remachado Valderas.