Los ayuntamientos extremeños están por debajo de la media nacional en los costes medios por habitante en limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Así, a los ayuntamientos de la región les cuesta 16,73 euros por habitante la prestación del primero de ellos, frente a la media de 18,01 euros por habitante; mientras que la recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste para las arcas de los municipios extremeños de 36,03 euros por habitante, frente a los 48,76 de media.

Así consta en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press. Los datos proceden solo de aquellos ayuntamientos que presentaron sus cuentas a tiempo, que fueron 6.316 de los más de 8.100 que existen en toda España.

El informe recoge que el coste medio nacional por habitante de los servicios públicos básicos que prestan los ayuntamientos es de 413,75 euros por habitante al año, con los ayuntamientos de mil a cinco mil vecinos como aquellos con los costes más bajos: 311,55 euros. Asimismo, se detalla que el coste del Ayuntamiento de Madrid ascendía en 2011 a 690,87 euros y en el caso de Barcelona, de 761,7.

Los servicios que se analizan son los considerados básicos: los relativos a seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Incluyen asuntos como el agua, los cementerios, los residuos o el alumbrado.

En el documento se precisa que los ayuntamientos mayores prestan más servicios que los menores. Al margen de Barcelona y Madrid, los ayuntamientos con costes medios más elevados son los de menos de mil habitantes: 472,13 euros. Después, los municipios con más de 50.000 habitantes registran un coste de 403,84 euros, los de 20.000 a 50.000, un coste medio de 381,53 y los de 5.000 a 20.000, de 358,07 euros anuales.

El Gobierno acaba de reformar la ley de bases de régimen local con varios propósitos, uno de ellos, colaborar a que se reduzcan estos costes en los servicios básicos que prestan los municipios. La norma entraré en vigor el 1 de enero y dará a las diputaciones un papel preponderante precisamente en la prestación de estos servicios para lograr costes menores.

Del agua a los cementerios

El coste medio del servicio de agua potable fue en 2011 de 46,83 euros, siendo en Andalucía de 38,62 euros. Los consistorios de Canarias y el País Vasco tienen el coste más alto, mientras que los de Madrid, Islas Baleares y Galicia, el más barato.

Otro de los servicios analizados es el alumbrado público, el coste medio en Andalucía es de 25,31 euros por habitante, seis euros menos que la media nacional (32,19 euros por habitante). Los costes superiores se registraron en La Rioja, Cantabria y Aragón y los menores, en Murcia y Navarra. El 82 por ciento de los municipios ofrecía este servicio directamente y otro 15 por ciento, a través de una contrata.

En cuanto a la limpieza viaria, el 80 por ciento de los ayuntamientos mantenía en 2011 la gestión directa de este servicio. El coste medio por habitante fue de 18,01 euros, pero Madrid, Cantabria, País Vasco y Murcia se situaron por encima de la media y Aragón, Andalucía, con los mencionados 13,38 euros, Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, por debajo.

También figura en este informe el análisis del coste de gestionar los residuos sólidos urbanos: 48,76 euros por habitante al año. La forma de gestión más utilizada fue a través de consorcios y mancomunidades (49%); otro 22 por ciento optó por la concesión administrativa y solo el 14 por ciento por la gestión directa.

Por comunidades, las que tuvieron un coste especialmente por encima de la media, según el informe, Cantabria, Cataluña, Baleares, la Rioja y Murcia y, sobre todo, las Islas Baleares. Los menores correspondieron a Extremadura y Andalucía (los mencionados 39,32 euros).

Las diputaciones,

Las más endeudadas

El sector público local obtuvo sus ingresos en 2011 de tributos (51%), de transferencias y subvenciones del Estado y de las CCAA (41%), de deuda (4%) y de ingresos patrimoniales y ventas (3%). El 60 por ciento del gasto se dedicó a pagar personal, gastos corrientes y servicios; otro 21 por ciento se invirtió y otro 17 por ciento, a subvenciones.

Además, la carga financiera global fue del 8 por ciento. El endeudamiento general representaba en 2011 el 32 por ciento del total del pasivo; por tipo de entidad, las diputaciones eran las que presentaban un mayor ratio, con un 50 por ciento del pasivo, 20 puntos por encima que la media de los ayuntamientos.

A fecha de 2011, las ocho diputaciones andaluzas estaban endeudas, con un total de 878 millones de euros, un 9 por ciento más que en 2010, cuando la deuda alcanzaba los 807 millones de euros, que suponía un 24 por ciento menos que en 2009.

Cabe añadir que en el informe se vuelve a poner de manifiesto el retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante este Tribunal. Este asunto acaba también de reforzarse en la reforma de la administración local, de manera que la obligación de entregar la información a tiempo será imprescindible incluso, en algunos casos, para la subsistencia de la entidad.

Aunque ha mejorado el dato con respecto a 2010, en el conjunto del país, el 60 por ciento de los ayuntamientos, el 53 por ciento de las diputaciones y el 31 por ciento de las comarcas no llegaron a tiempo. Sin embargo, seis meses después de finalizar el plazo, lo hicieron el 80 por ciento del total de las entidades locales.

Además, el informe recoge que las entidades locales andaluzas fueron las que registraron un nivel de rendición significativamente más bajo respecto al resto de comunidades. En junio de 2013, únicamente constaban en el Tribunal de Cuentas el 28 por ciento de las cuentas del ejercicio de 2011 de las entidades locales andaluzas. No obstante, el nivel de rendición de cuentas de ese ejercicio se incrementó desde el mes de junio, recibiendo el órgano fiscalizador cuentas durante los meses posteriores.

Si se atiende a la rendición de cuentas según la normativa estatal, 81 entidades andaluzas, el 9 por ciento, lo había hecho en plazo; mientras que si se tiene en cuenta la normativa autonómica el porcentaje se elevaba hasta el 13 por ciento, con un total de 114 ayuntamientos cumplidores.