La Fiscalía Provincial va a solicitar penas que suman 36 años de prisión para nueve acusados, la mayoría de ellos familiares, de tramar una estafa para, mediante el presunto uso de sociedades interpuestas, impedir que una empresa pudiera ejecutar el cobro de un crédito de más de 643.000 en contra de la mercantil propiedad de cuatro de ellos.

Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión como supuestos autores de sendos delitos de estafa procesal e insolvencia punible, a los que aplica el concurso ideal, además de al pago de una multa de 15 meses a razón de doce euros al día.

Según se recoge en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado A.G.S., junto a sus hijos J.C.G.M.; A.G.M.; A.A.G.M. y M.G.M. eran presidente y consejeros de una sociedad contra la que se dictó sentencia en 1996 que reconocía el derecho de una tercera al pago de un crédito que ascendía a la cantidad de 643.028,02 euros.

El Ministerio Público sostiene que los cinco, puestos de común acuerdo con A.M.M.G., F.C.G. y F.R.V., administradores de una mercantil, y J.J.M.A.N., como socio de otra, trataron con "engaño, ánimo patrimonial ilícito y utilizando sus empresas" de que no llevara a efecto el pago del crédito de la sociedad perjudicada.

Para este fin, usando supuestamente "sociedades interpuestas", presentaron cuando se estaba celebrando la subasta de fincas embargadas por el juzgado de manera preventiva en 1993 un demanda de tercería de mejor derecho sobre cuatro de las 13 citadas fincas "basando su pretensión en una escritura de cesión de crédito hipotecario otorgada a favor de un tercerista por una entidad financiera".

Según el fiscal, lo hicieron "a sabiendas de que en 1994 se habían sacado a subasta y adjudicado parte de los bienes objeto de la garantía hipotecaria de máximo que era en lo que consistía la cesión de crédito hipotecario". Concluye que, con posterioridad, una de estas sociedades interpuestas cedió las cuatro fincas en 2002 a otra de ellas, "todo ello con la finalidad de que no se llevara a efecto el cobro del título ejecutivo".