El referéndum sobre la independencia de Cataluña ya tiene fecha, tiene pregunta y tiene un futuro que se prevé complicado y cargado de tensiones políticas entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Mientras que Artur Mas y los partidos catalanes proponen celebrar una consulta “legal”, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostiene que se trata de un referéndum “inconstitucional”, que “ataca a la unidad de España” y que “no se va a celebrar”.

El Gobierno catalán todavía tiene labores pendientes antes de preguntar el 9 de noviembre de 2014 a la ciudadanía catalana: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso de respuesta, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. La primera de ellas, que las formaciones políticas que han participado en las negociaciones ratifiquen las preguntas y la fecha.

Rajoy asegura que la celebración de la consulta “está fuera de toda discusión y de toda negociación”, así que cabe preguntarse en qué sentido puede avanzar el debate soberanista en los próximos meses y qué salidas puede tantear el presidente de la Generalitat para celebrar la consulta que prometió a los catalanes.

No necesariamente. La Constitución dice que la competencia de convocar referendos pertenece al Estado, pero también permite al Estado ceder esa competencia a una comunidad autónoma a través del artículo 150.2 de la Carta Magna. Esta es una de las opciones que valoran los firmantes del acuerdo sobre la consulta, que planean solicitar un traspaso de funciones a Cataluña para celebrar la votación de forma legal.

En todo caso, el traspaso de competencias tendría que aprobarse en el Congreso mediante una Ley Orgánica, por lo que tendría que contar con el apoyo de la mayoría absoluta de las Cortes. Atendiendo a la postura que ha mostrado el Gobierno y partidos de la oposición como PSOE y UPyD en el debate soberanista, esta opción se perfila como un imposible político.

El líder de ICV, Joan Herrera, ha anunciado que se solicitará la transferencia de competencias al Gobierno por dos caminos. El primero de ellos consiste en que los partidos firmantes con representación en el Congreso de los Diputados (CiU, Esquerra e ICV) pidan al Gobierno el traspaso de funciones mediante una proposición de Ley en el Parlamento. La otra vía será una petición idéntica presentada en el Parlament para enviar esa solicitud a la Cámara baja.

Eduardo Vírgala, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, dice que las preguntas planteadas por los partidos catalanes sí son inconstitucionales, ya que cuestionan la soberanía del Estado. El catedrático señala a 20minutos que, si finalmente pudiera celebrarse la consulta, las preguntas no podrían afectar a la soberanía.

“Tendría que hacer una pregunta que no implicara que el pueblo catalán se convierta en el sujeto de la soberanía, pero eso no le interesa a la Generalitat”, explica Vírgala, que añade que para no cuestionar la soberanía el referéndum debería preguntar algo “más blando” como si el votante “está a favor de un cambio en las relaciones con el Estado central”.

Otra de las opciones que explora el Gobierno catalán es la aprobación de una ley autonómica de consultas que otorgase a la Generalitat la facultad de convocar un referéndum. Cataluña tanteó una ley similar y lleva paralizada por el Tribunal Constitucional desde el año 2010, al considerarse que la ley podría estar invadiendo competencias que corresponden al Estado central. Un nuevo intento en esta dirección podría terminar de la misma manera.

El artículo 161.2 de la Constitución permite al Gobierno impugnar rápidamente los actos de Cataluña que considere contrarios a la Carta Magna y dejarlos en suspenso. Esto permitiría al Ejecutivo de Mariano Rajoy frenar legalmente cualquier paso que dé la Generalitat hacia la votación del 9 de noviembre de 2014, desde la propia convocatoria de la consulta hasta la organización de la campaña y las mesas electorales.

Si la Generalitat siguiera adelante con el referéndum a pesar de todo, al Gobierno central le quedaría el recurso del artículo 155 de la Constitución, que reza que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España”, entonces el Gobierno “podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, con la autorización de la mayoría absoluta del Senado.

El catedrático Eduardo Vírgala explica que el artículo 155 es “el último instrumento” y señala que “le permite al Gobierno hacer todo”. El Ejecutivo, por tanto, cuenta con herramientas legales para detener las aspiraciones soberanistas de Cataluña, pero, según indica el Vírgala, “otra cosa es que políticamente quiera usarlos”.

Mariano Rajoy ha sido tajante al afirmar que el referéndum “no se va a celebrar”, pero ha evitado detallar qué líneas de actuación tiene previstas para responder a Cataluña. Parece obvio que la transferencia de competencias que quiere la Generalitat no saldrá adelante, pero Rajoy ha rechazado “entrar en especulaciones” sobre otros posibles escenarios.

La consulta está prevista para el 9 de noviembre de 2014. Los partidos que han negociado las condiciones del referéndum querían acercar la fecha a la Diada del 11 de septiembre y a la consulta escocesa que se celebrará el 18 de septiembre, pero finalmente han decidido retrasarla por cuestiones organizativas. La campaña empezaría quince días antes.

La Generalitat ha preparado una partida presupuestaria de 5 millones de euros para organizar la consulta, aunque podrían ampliarse si el Gobierno central no colabora cediendo infraestructuras lectorales. Sobre el gasto de los partidos para la campaña, todavía no se ha previsto ninguna limitación en el gasto.

CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP son los impulsores de la consulta, aunque ICV y UDC (Unió Democràtica de Catalunya, una rama de CiU) consideran necesario un acuerdo con el Gobierno. En este sentido, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado que "hay que buscar el amparo legal para que la consulta pueda celebrarse" y admitió que dependía del Congreso. Joan Herrera, de ICV, ha defendido e"pedir al congreso ejercer el derecho a decidir en el marco de la legalidad".

El El Partido Socialista catalán también se ha mostrado a favor de que se realice la consulta, pero ponía la condición de que se acordara previamente con el Gobierno.

El Partido Popular, Ciutadans, UPyD y PSOE son contrarios a la consulta y el PSC también podría oponerse si el proceso se pone en marcha sin alcanzar un acuerdo con el Gobierno, como parece que va a suceder.