El Comité Nacional Constituyente de UGT-PV, máximo órgano entre congresos del sindicato, señala en la resolución que ha aprobado este jueves por unanimidad que "ni las políticas autonómicas ni las estatales están a la altura de los problemas" actuales, "ni suponen alternativa cierta para la superación de la actual situación".

Según informa en un comunicado, este órgano considera que los presupuestos de la Generalitat para 2014 "son de marcado carácter continuista y no abordan de forma efectiva" el desempleo, por lo que "sólo se pueden esperar los mismos resultados que en años anteriores: más paro, menos crecimiento real y peores servicios públicos".

Desde el comité opinan que se trata de "unos presupuestos tutelados por Madrid, que reinciden en errores pasados" y "están condenados, al fracaso, empobreciendo aún más a valencianos y valencianas".

En cuanto a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, indican que "tampoco despejan ninguna incógnita, ni social ni política, más bien vienen a agravar la situación" y, en este sentido, reprueban que la reforma laboral "está significando un auténtico desastre en términos de empleo y de derechos laborales".

Los miembros del comité, que se han concentrado ante la Casa del Pueblo de UGT en Valencia en contra de la reforma de la administración local, ven "con preocupación" otras iniciativas como la reforma de pensiones, regulación del derecho a la huelga, reforma del código penal, ley de seguridad ciudadana o "contrarreforma del derecho al aborto", punto en el que subraya que, "de confirmarse, van a contar con la respuesta decidida" del sindicato.

Por otro lado, destaca que en los últimos congresos, UGT-PV ha "procurado ajustar, en la medida de lo posible, su estructura a los recursos disponibles y a la respuesta de los compromisos asumidos".

"graves consecuencias tanto internas como externas"

Remarca, no obstante, que se enfrentan a "un escenario de difícil resolución y con graves consecuencias tanto internas, en lo referido a equilibrios contable administrativos, como externas, por lo que a la prestación de servicios sociales concertados pueda afectar", cuando asume trabajo con carácter delegado de la administración y "una vez realizado y justificado, no es compensado en tiempo y forma debida".

En este sentido, exige al Consell las "garantías legales y económicas" necesarias para que su colaboración "se atenga a criterios de certeza presupuestaria a todos los efectos, además, obviamente, de sociales".

En cuanto al contexto social y económico, indican que la Comunitat Valenciana constituye "el claro ejemplo de una mala situación de partida, que sufre especialmente la crisis y empeora con el tiempo", una "negativa evolución que tiene su reflejo en la evolución del mercado laboral valenciano".

Respecto al empleo, señala que más del 50 por ciento de "trabajadores cualificados con largas carreras profesionales" lleva "más de un año sin encontrar empleo" y que más del 60 por ciento de los menores de 30 años "no tiene trabajo ni oportunidad de tenerlo en un futuro inmediato, a pesar de sus altos niveles de formación".

En opinión de UGT-PV, "España vuelve a sus orígenes y se está convirtiendo de nuevo en un país de emigrantes y sin oportunidades".

Además, subraya que más del 50 por ciento de las personas desempleadas que no disponen de ningún tipo de cobertura, punto en el que insiste en que "las medidas de ajuste no han dado ningún resultado positivo para el conjunto de la ciudadanía".

"el precio a pagar ha sido muy alto"

A su juicio "el precio a pagar ha sido muy alto" porque el rescate del sistema financiero y la corrección de algunos desequilibrios de "va a ser soportado, en su mayor parte, por trabajadores y clases medias", mientras que "la prioridad nunca ha sido la reducción del desempleo o el crecimiento económico, ni siquiera de forma coordinada junto a las medidas de austeridad, sino única y exclusivamente, reducir el endeudamiento y el déficit del sector público".

Desde el comité de UGT-PV reprueban, en este sentido, que las "primeras consecuencias" de esa política son "el deterioro de la recuperación económica y el aumento del desempleo, así como el debilitamiento progresivo del Estado del Bienestar", impulsado por reformas laborales que "han facilitado los despidos" y han supuesto una "devaluación interna" al modificar condiciones de trabajo.