Un centenar de empresarios agrícolas que han visto destruidos sus invernaderos durante la fuerte granizada registrada hace tres semanas en El Ejido (Almería) se han concentrado este jueves antes las sedes de Junta y Gobierno en la capital para protestar por la "inacción" de las administraciones y urgir medidas que les permitan "recuperar la capacidad productiva" de sus explotaciones.

La manifestación, impulsada por UPA, COAG y Asaja bajo una pancarta conjunta en la que se reclamaban ayudas "urgentes", ha comenzado ante la Delegación del Gobierno andaluz, donde los convocados han depositado restos de plásticos y materia vegetal para simbolizar como han quedado sus fincas tras el temporal, que, según los datos, ha arrasado un centenar de hectáreas y ha puesto en un difícil situación económica a 257 familias, "que ven muy lejos la burocracia de Sevilla y Madrid".

La secretaria general de UPA en Almería, Francisca Iglesias, ha señalado en declaraciones a los periodistas la necesidad de que tanto Junta como Gobierno central "tomen conciencia" de la situación y articulen medidas "con agilidad ya que no solo vamos a perder la cosecha de invierno, sino también la de primavera", según ha advertido. "Es necesario que concreten lo que nos van a dar porque hay muchas familias arruinadas", ha añadido para criticar con dureza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "que no ha dicho aún está boca es mía".

Iglesias ha abogado, ante el bajo índice de explotaciones agrarias bajo plástico aseguradas, por modificar el sistema de seguros agrarios en España. "No es justo que haya que asegurar el cien por ciento de la explotación y solo se indemnizable el 40 por ciento porque el agricultor que tenga problemas económicos no va a contratar seguro que cubra su explotación", según ha indicado.

Al hilo de esto, ha alertado de que el convenio suscrito entre la Junta andaluza y cuatro entidades financieras para que se concedan líneas de crédito blandas no está dando frutos ya que "al final te financian si eres solvente, lo que no eres si se te caído en invernadero", ha señalado. "Para esto necesitamos el aval del Estado", ha apuntillado.

Por su parte, el responsable de COAG, Andrés Góngora, ha arremetido con dureza ante "las promesas" realizadas por parte de las administraciones central y autonómica. "Los responsables políticos se apresuran a decir que no nos preocupáramos, que nos iban a echar una mano pero mucho nos tememos que va a ser al cuello o a la cartera", ha asegurado Góngora, para quien resulta "vergonzoso que solo vinieran a echarse la foto con los invernaderos caídos y luego si te he visto no me acuerdo".

Ha matizado que no están demandando indemnizaciones sino medidas que permitan "recuperar la capacidad productiva" y, sobre todo, "certidumbre sobre lo que van a hacer y de qué vamos a disponer porque hasta ahora no hay ni una sola medida concreta". Ha arremetido en este punto contra al consejera andaluza del ramo, Elena Víboras, a quien ha reprochado la firma del acuerdo con entidades bancarias, un acuerdo "que por otra parte no hemos visto todavía". "Pedirle a las entidades financieras que sean buenas no es el cometido de una responsable política", ha considerado.

También ha criticado el papel del delegado territorial en Almería, José Manuel Ortiz Bono, quien, según ha dicho, "se escuda en sus superiores en lugar de liderar el proceso que afecta a agricultores de su provincia" al tiempo que ha precisado que es urgente que se articule la línea de ayudas dotada con tres millones de euros anunciada por la Junta con cargo al Programa de Desarrollo Rural. "Pedimos que se haga una excepción y los afectados se puedan acoger ya".

"vergonzosa foto con los dolientes"

El presidente de Asaja-Almería, Francisco Vargas, quien ha cifrado en 237 las familias damnificadas en El Ejido, que "ven muy lejos la burocracia de Madrid y Sevilla", ha incidido en la "vergonzosa actitud de los políticos", que, a su juicio, "vinieron a hacerse las fotos con los dolientes, prometieron ayudas como si fueran pipas que ocuparon titulares de primeras planas". "Nos encontramos que 21 días después, los agricultores ni siquiera saben si podrán volver a levantar sus invernaderos", ha apuntillado.

Vargas ha alertado de que, pese al convenio suscrito entre Junta y entidades financieras, no se está dando financiación a aquellos "que ya tenían contraídos créditos" y se están reestructurando deudas "a diez punto, lo que es —ha remarcado— una auténtica locura".

En esta línea, ha señalado que se necesita "con urgencia" que se habilite el apoyo de la línea de créditos ICO y que precisen "que garantías mínimas van a tener los agricultores para levantar su explotación y acogerse a ayudas". "No podemos estar todos los días escuchando que el sector agrícola ha recibido tres millones de euros cuando es mentira. No se ha recibido nada ni se sabe si se va a recibir", ha concluido.

Los tres representantes de la patronal agraria han registrado en las sedes de Junta y Gobierno con un manifiesto en el que se desgranan las diez medidas que se precisan y que pasan por ayudas a la modernización de explotaciones o para la recuperación del potencial productivo; la flexibilización del acceso a las subvenciones, medidas adicionales de compensación por ejemplo con subvención a los plantones, incentivos de carácter excepcional como las "mínimis"; moratorias de créditos, reducciones fiscales excepcionales y en cuotas a la Seguridad Social y recuperación de los incentivos a contratos de seguros agrarios.