La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar este jueves a cinco personas imputadas en la causa, entre ellas dos abogados de Estudios Jurídicos Villasís, un bufete que según la magistrada Mercedes Alaya sirvió como "centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado dicho despacho 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".

De este modo, y según fuentes del caso consultadas por Europa Press, comparecerán ante la juez José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal —también imputado en la causa y a quien la juez mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el encausado abonó en el mismo momento—, y el también letrado del despacho Alfredo Jiménez, así como la mujer del primero de ellos y empleadas de Vitalia, entre ellas la responsable del departamento de contabilidad del holding.

Según la juez, Lanzas fue "una figura trascendental" para los negocios de Estudios Jurídicos Villasís, y de hecho "se dio de alta" en dicho bufete entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, "teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año".

Alaya considera que Juan Lanzas y Carlos Leal "se prestarían servicios recíprocamente", ya que el 'conseguidor' "proporcionaría" al abogado Carlos Leal diversos clientes "por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a su vez, "encontraría en Estudios Jurídicos Villasís la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de 'conseguidor', que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones de euros".

Al hilo, la juez subraya que Lanzas habría utilizado dicho bufete "como un centro de lavado" de dinero pues, mediante las facturas elaboradas por el presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real, el abogado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas, y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal" entregaría al letrado imputado "sobres con dinero".

En definitiva, señala la magistrada, Estudios Jurídicos Villasís "se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por su empleado Juan Lanzas, elaborándose y abonándose por el despacho facturas falsas por servicios inexistentes al entorno societario de su máximo conseguidor", todo ello "a fin de borrar el origen ilícito del dinero obtenido por ésta basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos".

"Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una distribución de las ganancias entre ambos", argumenta la juez, quien asevera que el 'conseguidor', a través de este despacho, "termina participando en todo el pastel".