El anteproyecto de Ley de Ordenación Minera de Baleares ha incorporado el 80 por ciento de las propuestas de mejora presentadas por particulares, colectivos, entidades e instituciones, según ha informado el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, durante la presentación del borrador.

Según ha dicho, desde la presentación del primer borrador de la Ley, el 16 de julio, hasta el 1 de octubre se abrió un plazo de consulta y debate social con la voluntad de sumar aportaciones para mejorar el texto. Desde entonces se han recibido 392 aportaciones por escrito, que suman 2.724 indicaciones.

Partidos políticos, ayuntamientos, Consellerias, Ministerio de Industria y Energía, asociaciones ecologistas, asociaciones de propietarios, asociaciones de explotadores de áridos, colegios profesionales y particulares han colaborado en la mejora del texto y han participado en alguna de las más de diez reuniones celebradas para debatir las propuestas presentadas.

"ha sido posible llegar a un amplio consenso"

"Con el esfuerzo de todos ha sido posible llegar a un amplio consenso, como pretendemos lograr con todas las leyes que sacamos", ha asegurado el conseller. Por su parte, el director general Jaime Ochogavía ha explicado que las propuestas no incluidas "respondían en su mayoría a intereses particulares o aspectos que no se regulan en este marco".

Las principales modificaciones introducidas hacen referencia a la distribución competencial entre las diferentes administraciones; a la imposibilidad de abrir nuevas canteras en zonas de relevancia ambiental; a conjugar los derechos de propietarios y explotadores; o a la supresión de la posibilidad de expropiaciones por particulares.

Además, versan sobre la revitalización del Consorcio para la Restauración, dentro del Consejo de la Minería; al procedimiento de restauración para las pedreras caducadas; y a dar mayor transparencia en el proceso regulatorio, haciendo que toda la documentación se presente al Consejo de la Minería, integrado por agentes sociales, consejerías, consejos insulares, ayuntamientos, asociaciones ecologistas, etc.

Tramitación administrativa

A partir de ahora, ha apuntado García, se inicia la tramitación administrativa del anteproyecto de Ley, que será publicado en el BOIB, y contará con un plazo de un mes para presentar alegaciones. Cuando se apruebe por Consell de Govern, se remitirá al Parlament para su deliberación y aprobación como Ley.

"Vamos a ampliar en el tiempo los pasos administrativos para que los afectados tengan tiempo de estudiar el texto definitivo y presentar alguna alegación si lo consideran oportuno", ha señalado el conseller de Economía y Competitividad.

El anteproyecto de Ley de ordenación minera quiere regular la situación de un sector que agrupa 124 explotaciones activas y más de 1.000 "sin obligación de restaurar" hasta hoy.

La propuesta técnica del texto servirá como base a un nuevo marco legislativo que tiene por objetivo permitir la recuperación del territorio afectado por las canteras abiertas, abandonadas y futuras. Asimismo, el nuevo marco legal responde a una necesidad de regulación del sector y creará seguridad jurídica, además de favorecer el desarrollo económico, con la consiguiente creación de riqueza y aumento de la ocupación en la Comunidad.

Actualmente en Baleares hay 1.025 explotaciones "sin obligación de restaurar" (883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Ibiza y seis en Formentera). El sector que agrupa a 124 explotaciones activas produce 2,4 millones de toneladas al año y utiliza directamente a 422 personas, más toda la ocupación indirecta en el ámbito de la construcción que genera.

Se prevé la obligatoriedad de restauración

El texto normativo prevé la obligatoriedad de "restauración" de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. Se hará por fases de explotación y directamente desde la primera. No se trata simplemente de "llenar", sino que se tiene que dejar el lugar "en estado satisfactorio".

El documento técnico presentado señala que no se permitirá la caducidad de un permiso de explotación de una cantera antes de que se haya restaurado. En caso de incumplimiento se contemplan duras sanciones.

Las explotaciones mineras tendrán seis meses desde la aprobación de la Ley para solicitar la declaración de impacto ambiental por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Actualización de las fianzas

Otra novedad importante es la actualización de la cuantía de las fianzas puesto que por primera vez se introduce el volumen de la explotación para su cálculo. Actualmente los avales se calculaban sólo en función de la superficie y a razón de 3.000 euros por hectárea, lo que hacía que frecuentemente los explotadores renunciaran a la recuperación de su depósito sin restaurar el terreno.

En el futuro se tendrán en cuenta dos posibilidades, siendo de obligada aplicación la de mayor cuantía, debiendo el concesionario de una cantera entregar 7.000 euros por hectárea o 40 céntimos por metro cúbico, lo cual significará unas cantidades muy superiores. Las fianzas se abonarán por fase de ejecución, pudiendo recuperarse cada una de ellas a partir de la restauración del terreno.

Además, según ha explicado el conseller, gracias al proyecto se articularán medidas eficaces para asegurar la restauración de las explotaciones que no hayan sido rehabilitadas.