El exinterventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque se ha mostrado este miércoles "satisfecho" tras concluir su declaración como imputado ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que le ha atribuido dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En declaraciones a los periodistas tras concluir su comparecencia pasadas las 16,00 horas, Juan Luque ha subrayado que ha "aclarado todo lo que la juez necesitaba aclarar", por lo que se ha mostrado "muy satisfecho con la declaración y también con el trato" de la juez Mercedes Alaya.

Tras dejar claro que "es un funcionario" y que "no tiene afán de protagonismo ninguno", ha explicado que la declaración "no ha sido en ningún momento tensa", aunque "ha habido algún momento en el que la juez ha manifestado que no entendía mis respuestas, pero en cualquier caso ha sido todo muy agradable".

Según abogados presentes en la comparecencia, en un momento dado la juez ha llegado a recriminarle que respondiera "con evasivas" a las preguntas formuladas.

Luque ha añadido que la declaración "ha sido bastante correcta a los fines que se pretenden, que es conocer la verdad, y en consecuencia actuar en el proceso".

El imputado ha ratificado la declaración que prestó como testigo en julio de 2012 ante la Guardia Civil, en la que admitió que en el caso ERE "ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos" y que, por este motivo, "se debió hacer algo al respecto".

En esta declaración como testigo ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron si "en la realización de dicha labor de fiscalización de las ayudas alguien le ha presionado en el sentido de no poner reparos a las mismas", a lo que respondió que "no se ha sentido presionado" aunque "sí urgido en relación con determinados expedientes".

Durante su declaración ante la juez, Luque ha sido cuestionado por este extremo y ha tachado de "habitual" que le "urgieran", pues "los gestores administrativos siempre intentan acelerar el proceso".

Anticorrupción no solicita medida cautelar alguna

También ha puesto de manifiesto que, de haber conocido el informe realizado en el año 2003 por la Intervención general de la Junta, habría emitido informes "de disconformidad" y "con efectos suspensivos" de los pagos.

Al término de su declaración, se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para el encausado, mientras que las acusaciones ejercidas por PP y Manos Limpias se han adherido a lo que pueda decidir la magistrada.

Juan Luque fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

De hecho, fue el primero de estos altos cargos en recurrir su imputación ante la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que es "difusa, inconcreta y ambigua", ya que en el auto "más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma