La Ley de Vivienda de Castilla y León ha sido aprobada este miércoles con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de PSOE e IU, que han criticado que con las medidas recogidas en la nueva norma se sobrecargue a los ayuntamientos y se beneficie a los promotores privados.

En la defensa del texto, que recoge 83 enmiendas presentadas por los grupos (18 del PP y doce procedentes del Consejo del Diálogo Social, once de UPL, 17 de IU y 25 del PSOE), más del 50 por ciento de las presentadas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha agradecido la participación e implicación para mejorar las medidas inicialmente planteadas, punto en el que ha ensalzado el papel del Diálogo Social, y ha defendido que la ley busca atender situaciones de especial dificultad sobrevenida.

En este sentido, ha recordado que las tres líneas de actuación fijadas en el marco del Diálogo Social parten de la necesidad de adaptar el modelo inmobiliario y de política de vivienda al nuevo contexto económico y social y busca sentar las bases del nuevo modelo y reorientándolo al alquiler y dar respuesta a las demandas de las familias que, en la actualidad, hacen frente a "enormes dificultades" para acceder a la vivienda y hacer frente a los pagos.

Silván ha destacado aspectos de la nueva ley como el hecho de que se facilite el acceso a la vivienda de titularidad pública de sectores más amplios y su mantenimiento a quienes las ocupan como residencia habitual o la incorporación de medidas "que hoy necesitan los ciudadanos y familias".

El PSOE ha defendido en el pleno 34 enmiendas de mano de la procuradora Ana María Muñoz de la Peña, quien ha avalado la negociación pero ha rechazado "sumisión" ante la ley, que a su juicio "nada tiene que ver" con las 22 medidas anunciadas en su momento por la Consejería, que con determinadas medidas "rompe", a su juicio, el principio de igualdad jurídica para viviendas con financiación pública y "renuncia" de manera "clara" a la promoción pública y a su labor de "tutela".

La Junta, ha aclarado, no tiene viviendas propias "porque optó por los promotores privados" y ahora pretende hacer política "a costa" de los ayuntamientos, según Muñoz de la Peña, quien con un "la Junta invita y los ayuntamientos pagan" ha pedido que se compense económicamente a los ayuntamientos, que aportan las viviendas para la reserva a colectivos en riesgo de exclusión y el parque público.

Se hace "mucho daño" a los ayuntamientos

Tras reiterar que se hace "mucho daño" a los ayuntamientos, la procuradora socialista ha acusado a la Junta de querer recaudar "a cuenta de la vivienda protegida" y en su réplica, Alfonso García Vicente (PP), quien ha aplaudido el hecho de que las dificultades de los hogares para el pago de cuotas de alquiler e hipotecarias estén ahora al nivel de antes de la crisis y ha ensalzado el "amplio acuerdo social" de la ley.

En este sentido, García Vicente ha recordado la recepción de enmiendas del PSOE y ha mostrado su rechazo a las siete que permanecían vivas para el debate, de las que algunas presentan "marcado carácter antisocial" y otras "no tiene sentido" mantenerlas en el debate, lo que a su juicio responde al objetivo del PSOE de "hacer creer" que se encontraban más lejos de un acuerdo de lo que "realmente" estaban.

Por su parte, el procurador de IU José María González, quien ha instado a cambiar la ley hipotecaria para evitar la "práctica usurera de la banda ladrona", ha considerado que algunas de las medidas de la ley constituyen una "manera de hacer caja de la Junta".

Durante el debate, que ha concluido con la aceptación por unanimidad de la número 34 de sus 44 enmiendas, que persigue que el esfuerzo de las familias no supere un tercio de sus ingresos a la hora de acceder a la oferta de vivienda, González ha recordado que quedaba "pendiente" el debate sobre el "intento" del PP de "primar los intereses de los promotores privados" y ha lamentado que no se aceptara la subsidiación de créditos de viviendas protegidas.

"El PP quería el apoyo mayoritario de la Cámara para barnizar medidas a favor de alguna absoluta minoría en esta Comunidad y barnizar hacia la vista de la mayoría de ciudadanos esto que intentan hacer", ha señalado antes de advertir de que seguirán la aplicación de la ley, para lo que ha llamado a ciudadanos a hacerles saber el trayecto de la norma.

En su réplica, Daniel Sobrados (PP) ha justificado la inadmisión de algunas de las enmiendas vivas a cuestiones ideológicas y, tras aludir al "respeto del marco legal" para explicar su rechazo a la instauración del "modelo andaluz" de vivienda, que es "incompatible" con la política "responsable" de la Junta en la materia, ha aplaudido la postura "coherente y responsable" de González.

En último término Alejandro Valderas ha votado a favor de las enmiendas excepto una de José María González y del texto de la futura ley, que ha mejorado "sensiblemente" el documento previo.

Las medidas

Entre las medidas urgentes en materia de vivienda destaca una rebaja de un 20% de los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma. El precio actual de las viviendas cuyas futuras adjudicaciones sufrirán esta rebaja es de 500 euros en alquileres y de 100.000 euros en venta.

Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en el arrendamiento de viviendas. También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la Administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en colectivos de especial protección.

Junta y ayuntamientos deberán reservar al menos el 30% de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.

Dentro de las acciones destinadas a movilizar el 'stock' de viviendas destaca la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, además no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando esta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.

Asimismo, la política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que pretende dotar de "mayor" flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.

La Junta establece una "más clara" diferenciación entre las viviendas de promoción privada y las de promoción pública. En el caso de las viviendas protegidas privadas se reduce la duración del régimen legal de protección a 15 años y a 10 años el plazo mínimo para solicitar la descalificación. En la vivienda protegida de promoción pública se mantiene el plazo de protección en 30 años y se concentra en atención a los sectores sociales desfavorecidos con ingresos hasta 3,5 IPREM, a los que el mercado no proporciona una solución a sus necesidades.

Además se flexibilizan los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Se estable un nivel máximo de ingresos de 6,5 veces el IPREM en la promoción privada y la posibilidad de que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias de viviendas protegidas cuando en las mismas se desarrollen actividades de interés público o social o se destinen a realojar personas incluidas colectivos de especial protección.