El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado este miércoles estudiar las posibles incompatibilidades entre las dos normativas, regional y nacional, centradas en la ordenación del territorio y la racionalización del gasto, de manera previa a la aprobación del texto nacional.

En su intervención, el procurador 'popular' Jesús Ángel Peregrina Molina ha recordado que las leyes se analizan en el ámbito autonómico una vez aprobadas, momento en el que se estudia su impugnación, si corresponde, y ha recordado que en los correspondientes trámites se han presentado enmiendas para defender los intereses de la Comunidad.

"Estas exigencias y enmiendas han sido aceptadas en casi su totalidad", ha defendido antes de instar al PSOE a cambiar el texto de la proposición no de ley y ubicar así las posibles incompatibilidades tras la aprobación de la ley y no antes, como reclamaba la procuradora socialista Teresa López, quien ha rechazado esta opción por considerar que la ley que vea la luz será "absolutamente incompatible" con la de Castilla y León.

López ha vinculado la nueva normativa estatal a la percepción, por parte del Gobierno, de los "muchos desmanes" ocurridos en determinados ayuntamientos, punto en el que "deciden que hay que cambiar la cuestión y clarificar competencias" sin tener en cuenta lo que hacen los alcaldes, ha apostillado.

"Se centran en gasto, gasto, gasto y control, control y control (...) el texto también habla de favorecer la iniciativa privada (*) eso es de lo que habla la ley: de favorecer la iniciativa privada", ha destacado antes de añadir que es "eso" lo que "le da pánico".

López, quien ha recordado la vieja demanda centrada en la necesidad de clarificar y regular las competencias de las entidades locales y aportar financiación adecuada a sus intereses y competencias, se ha referido a la ley de "consensuada" de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, cuyo "espíritu" se basa en el respeto a singularidades del territorio, la garantía de la igualdad de los ciudadanos y el respeto a la autonomía municipal.

"De ser aprobado como estaba el anteproyecto de ley de Racionalización, es muy posible que se vea comprometida la aplicación de la ley autonómica", ha cuestionado López, a quien el procurador del Grupo Mixto José María González ha dado la razón con la argumentación de que la ley estatal "se impondrá" en la Comunidad "por mucho que diga el consejero" (de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez).

La norma nacional significará "la práctica desaparición" de los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes que perderán "competencias y recursos" con el consiguiente "regreso al aislamiento medieval" de los núcleos rurales y las más de 2.000 entidades locales menores, que "se verán privadas de sus derechos históricos" como el de gestión del medio natural.

"Los servicios se quedarán en las lejanas capitales de provincia", ha aseverado el procurador de Izquierda Unida.