Se trata de una recomendación de aplicación solo en espacios públicos donde las personas pueden ser "más sensibles" a los posibles perjuicios que el cigarro electrónico pudiera causar, como colegios, residencias y hospitales o centros de salud, en los que se desaconseja su uso, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Generalitat se encuentra a la espera de las conclusiones del grupo de expertos del Ministerio de Sanidad. Ante la falta de evidencia concluyente o de norma básica al respecto, las autoridades sanitarias autonómicas han aplicado el principio de precaución para emitir esta instrucción preventiva.

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha señalado que se trata de una medida de "prudencia, para evitar la posibilidad de que, al final, se demuestre que el uso de estos productos pueda ser perjudicial para la salud, algo que hoy por hoy no podemos afirmar".

La instrucción ha sido distribuida al personal de las Consellerias de Sanidad, Educación y Cultura y Deporte, así como a los usuarios en general de centros sanitarios, docentes y de bienestar social dependientes de estos departamentos del Consell.

El cigarrillo electrónico, hasta su regulación normativa, se encuentra en una indefinición sobre su naturaleza, como producto derivado del tabaco o como medicamento, y no existen en este momento evidencias concluyentes en relación al impacto que pudiera tener sobre la salud, ha explicado el Consell.

Por ello, atendiendo al principio de precaución que establece la Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre, y en tanto quede regulado normativamente, se recomienda a los posibles usuarios las mismas condiciones de uso de los cigarrillos electrónicos que las que atañen a los productos del tabaco en los centros sanitarios, centros educativos y centros dependientes de Bienestar Social.