En vísperas del trigésimo aniversario del retorno de Argentina a la democracia, las protestas de policías por reclamos salariales se extienden por el país junto a saqueos que han causado tres muertos en los últimos días y que el Gobierno atribuye a intentos de desestabilización.

La huelga de efectivos policiales que comenzó en Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, el pasado martes, se ha replicado en una decena de provincias y en ocho de ellas los uniformados se mantenían este lunes autoacuartelados con sus familias.

Esas ocho provincias son, Buenos Aires, Entre Ríos (este), La Pampa (centro), Santa Fe (centro), Tucumán (norte), Chaco (norte), Mendoza (oeste) y Chubut (sur).

Entre Ríos fue escenario esta madrugada de una oleada de robos y saqueos durante la que una persona falleció electrocutada y otras 40 resultaron heridas, confirmó el gobernador provincial, Sergio Uribarri.

Esta muerte se suma a las dos registradas el pasado miércoles en Córdoba, a unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y en Glew, en la periferia de la capital argentina.

Altos cargos del Ejecutivo nacional y de gobiernos provinciales advirtieron a los policías que las demandas deben ser resueltas a través del diálogo y no mediante paros.

"No es el método y la manera de plantear demandas salariales generando una extorsión a los gobiernos provinciales", dijo a la prensa el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich. Capitanich vinculó el conflicto policial con "procesos de desestabilización" y una clara "intencionalidad política de provocar".

A su juicio, los disturbios han seguido un patrón similar en todos los casos, al comenzar con una huelga de policías que es aprovechada por bandas organizadas para robar y "generar caos y zozobra".

"No es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida", agregó el jefe de ministros argentino.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, advirtió a los uniformados que sean conscientes "de las consecuencias que pueden tener las actitudes en rebeldía".

El gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, anunció este lunes el relevo de la cúpula policial una semana después de las protestas, durante las que una persona murió, 200 resultaron heridas, más de un centenar fueron detenidas y un millar de comercios sufrieron graves destrozos.

Al poner en funciones al nuevo jefe de Policía, Julio César Suárez, en reemplazo del saliente César Almada, De la Sota instó a las fuerzas del orden a "recomponer la relación de amistad que debe existir con la sociedad civil" y "a cuidar la vida, los bienes y la tranquilidad de las familias".

El gobernador cordobés aceptó también la renuncia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que será reemplazada por el alcalde de la localidad de Alta Gracia, Walter Saieg.

Se trata de la segunda remodelación en el área en dos meses, después de que el pasado septiembre renunciase el anterior ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el máximo responsable policial Ramón Frías por un "narcoescándalo" que salpicó a altos mandos de la Policía cordobesa.

El Gobierno nacional volvió a deslindar su responsabilidad en los conflictos salariales, ya que las policías provinciales dependen de los Gobiernos locales, pero envió refuerzos de Gendarmería y Prefectura a varios puntos del país para evitar que los paros policiales desencadenen robos e incidentes como los sufridos en Córdoba.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pidió a los jueces que actúen con "mucha firmeza con aquellos delincuentes que han sido detenidos como consecuencia de estos hechos" y criticó a la oposición por guardar silencio.

En diciembre de 2012, dos personas murieron y decenas resultaron heridas durante una oleada de saqueos que comenzó en la sureña localidad de Bariloche y se extendió a otras cinco ciudades de Argentina.