Doce laboratorios firman con SAS convenio con el que se cierra nueva convocatoria pública de selección de medicamentos

Los doce laboratorios farmacéuticos seleccionados el pasado 21 de noviembre en la nueva convocatoria pública de selección de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han firmado ya el convenio, con una duración de dos años, con el que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta prevé ahorrar hasta 33 millones de euros.

Los doce laboratorios farmacéuticos seleccionados el pasado 21 de noviembre en la nueva convocatoria pública de selección de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han firmado ya el convenio, con una duración de dos años, con el que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta prevé ahorrar hasta 33 millones de euros.

Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, este procedimiento, enmarcado en el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia, permite seguir avanzando en la eficiencia económica del sistema sanitario público de Andalucía, apurando nuevos márgenes de mejora que revierten en el sistema; todo ello sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos y permitiendo que aquellas personas que requieran hacer uso de ellos tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilitará su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento

Entre los fármacos de los 12 laboratorios firmantes se encuentran antiulcerosos, hipoglucemiantes, antitrombóticos, diuréticos, antihipertensivos, reductores del colesterol y los trigliceridos, antifúngicos, antibióticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, antihistamínicos y ansiolíticos. Se estima que los medicamentos seleccionados comenzarán a dispensarse en las farmacias andaluzas a partir de febrero.

En la convocatoria resuelta ahora se incluían 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos y con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. Un total de 14 laboratorios se presentaron a esta convocatoria que se publicó el pasado mes de junio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En concreto, los laboratorios seleccionados son Onedosa Pharma, Francisco Durban, Arafarma Group, Bausch & Lomb, KRKA, Aristo Pharma Iberia, Korhispana, Abamed, Vir, Aurobindo, Bluefish Pharmaceuticals y Rambaxy.

Tal y como recogía la convocatoria, además de la oferta económica, las empresas que participen en la misma deben acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad requerida para dicho medicamento y su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de empate.

Dado que el precio de los medicamentos no se modifica, el colectivo de las oficinas de farmacia seguirá obteniendo los mismos márgenes de beneficio que determina la ley.

Recurso del gobierno

Contra esta convocatoria, el Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del procedimiento, sobre el que aún no hay pronunciamiento judicial.

Andalucía es referente nacional en políticas de uso racional del medicamento, entre las que se incluye la prescripción por principio activo, un modo de indicación recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que supone que los médicos no prescriben la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica. Actualmente, el 93 por ciento del total de recetas prescritas en la sanidad pública andaluza son por principio activo.

El objetivo es que los medicamentos que se entregan en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo sean los seleccionados por el SAS, de manera que se pretende aprovechar la economía de escala que supone seleccionar medicamentos para más de ocho millones de usuarios y conseguir con ello mejoras económicas procedentes de la industria farmacéutica que repercuta en la sostenibilidad del sistema sanitario.

En 2001 se comenzó a implantar este modelo de prescripción y, desde entonces, esta fórmula, junto a otras políticas de uso racional del medicamento, ha permitido reducir la factura farmacéutica sin menoscabo de la calidad y la eficacia del medicamento y han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción por principio activo al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

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