Misil del PP contra el Estatuto catalán
El líder del PP catalán, Josep Piqué, en campaña pidiendo el no al Estatuto. (Archivo).
Lo peor de este enfrentamiento permanente que ha fracturado en dos al país no es asistir a la guerra de trincheras que libran a diario PSOE y PP, sino comprobar cómo las instituciones del Estado que deberían velar por el correcto funcionamiento de la democracia forman parte de su artillería pesada. El último obús contra las líneas gubernamentales ha sido lanzado desde el Tribunal Constitucional y ha impactado de lleno en la retaguardia presidencial. Los daños, cuantiosos, aún están siendo evaluados.

La bomba estalló el pasado lunes cuando el pleno del Tribunal Constitucional aceptó por seis votos contra cinco la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps presentada por el PP, lo que le deja fuera de las deliberaciones de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto de Cataluña.

La mayoría considera que la imparcialidad de Pérez Tremps está seriamente afectada por haber participado en un trabajo encargado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat en la época de Pujol que fue utilizado con posterioridad para elaborar el Estatuto y que fue pagado por el tripartido de Maragall.

Al margen de que se trata de la primera ocasión en que el Constitucional decide apartar a uno de sus miembros y de que una recusación anterior contra el mismo magistrado había sido desestimada –al parecer si no hubiera cobrado 6.000 euros seguiría siendo imparcial–, lo dramático es contemplar cómo la politización también ha penetrado como una termita en las vigas del Constitucional hasta situar a la institución al borde de la declaración de ruina.

Podría suponerse que la recusación de Pérez Tremps no impedirá que los 11 imparciales magistrados restantes adopten una imparcial resolución sobre el Estatuto. Craso error. Lo que unos y otros dan por hecho –y con razón– es que si estos once hombres (y mujeres) sin piedad resuelven, lo harán para declarar que el Estatuto es inconstitucional en varios apartados por una mayoría de seis a cinco. ¿Que por qué tanta certeza? Pues porque a seis de estos señores tan independientes los eligió el PP; y a los otros cinco, el PSOE. Así de independiente es la más alta magistratura del Estado.

«Hay fuerzas muy poderosas que están contra nosotros y que actúan en momentos de duro enfrentamiento como el de ahora», se lamentaba un diputado socialista mientras describía la fatal alianza de todos los poderes fácticos del mundo contra el Gobierno. Su pesimismo no le impedía ver la salida del laberinto: «Hay que nombrar otro magistrado».

Ésta es precisamente la alternativa que tiene el Gobierno para limitar los daños del misilazo. De los 12 magistrados del Constitucional, ocho son elegidos a propuesta del Congreso y del Senado, dos por indicación del Consejo General del Poder Judicial y otros dos directamente por el Gobierno. Pérez Tremps está entre éstos últimos. Si dimite, el Ejecutivo podría nombrar de inmediato a su sustituto y recuperar las riendas del Tribunal, ya que en caso de empate a seis, lo que inclina la balanza es el voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas que, ¡oh, casualidad!, fue designada por el PSOE.

«Nosotros estamos muertos, pero el único que va a ganar con esto si no se sustituye al magistrado es el PP», confesaba un diputado de Esquerra. Y en eso está el Gobierno después de que el propio recusado haya dejado la puerta abierta a su dimisión. «De este Gobierno se puede esperar cualquier cosa, pero no creemos que se atreva a tanto», declaraba este martes en el Congreso el popular Eduardo Zaplana.

Que la recusación era una maniobra política para alterar la relación de fuerzas del Constitucional lo reconocía implícitamente a este diario una fuente del PP. «Cuando recusamos a Pérez Tremps, la Generalitat recusó a García-Calvo y para compensar tuvimos que recusar también a la presidenta María Emilia Casas». Ambas fueron rechazadas.

Abiertas las hostilidades, el urgente relevo del magistrado tampoco aseguraría la victoria a las huestes de Zapatero, salvo que la resolución de los siete recursos de inconstitucionalidad (uno del PP, otro del Defensor del Pueblo y otros cinco de Valencia, Baleares, Aragón, La Rioja y Murcia) se produjera antes de mediados de junio. ¿La razón?, concluye la presidencia de María Emilia Casas y, muy probablemente, seis de los magistrados –los del PP– se opondrán a prorrogarla hasta diciembre, que es cuando agota sus nueve años en el Tribunal.

De ocurrir esto, los doce magistrados elegirían nuevo presidente. En caso de empate resultaría proclamado el de mayor antigüedad en el cargo y, de haber varios con la misma, el de mayor edad. La presidencia recaería en Vicente Condeque, ¡oh, casualidad!, fue designado por el PP. Sería él quien dispusiera entonces del voto de calidad del Tribunal.

De cumplirse estos pronósticos será la mayoría conservadora del Tribunal la que dejará el Estatuto  limpio como la patena, dicho sea en expresión de Zapatero. ¿Habría entonces adelanto electoral? Es una hipótesis algo más que probable.

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