El pleno de la Diputación reclama al Ayuntamiento que restituya los suministros básicos a la Corrala Utopía

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado con los votos favorables del PSOE, IU-CA y el PA, pero el voto contrario del PP, una moción de la federación de izquierdas en defensa de las familias que habitan un bloque de viviendas de renta libre que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, sin que medie relación contractual alguna. La moción, recogida por Europa Press, pide la retirada de la petición de desalojo forzoso del edificio y reclama al Ayuntamiento hispalense que propicie la restitución de los suministros de agua y electricidad.
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
EUROPA PRESS
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado con los votos favorables del PSOE, IU-CA y el PA, pero el voto contrario del PP, una moción de la federación de izquierdas en defensa de las familias que habitan un bloque de viviendas de renta libre que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, sin que medie relación contractual alguna. La moción, recogida por Europa Press, pide la retirada de la petición de desalojo forzoso del edificio y reclama al Ayuntamiento hispalense que propicie la restitución de los suministros de agua y electricidad.

La moción desgrana los pormenores del conflicto que rodea al bloque de viviendas que Ibercaja, a través de la sociedad 'Residencial Murillo' posee en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Un colectivo de más de 30 familias "vulnerables" ocupa desde hace ya un año y medio las viviendas en cuestión, vacías en el momento de su usurpación, protagonizando el conocido conflicto. Los miembros de estas familias figuran como imputados, por cierto, en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla a cuenta de estos hechos.

La pasada primavera surgió un acuerdo entre el banco y el colectivo de familias para el desalojo voluntario de las viviendas ocupadas, el desestimiento del proceso penal instado contra las familias y la búsqueda de otras viviendas para las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad". No obstante, el pasado verano la propiedad de las viviendas solicitaba de nuevo que la citada instancia judicial ordenase el "desalojo forzoso" de las mismas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.

De cualquier modo, en el marco del pleno ordinario celebrado este martes por la Diputación provincial, IU-CA ha elevado a debate una moción en defensa de este colectivo de familias. La moción en cuestión responsabiliza del conflicto a la propiedad de las viviendas y avisa de que el mencionado desalojo forzoso podría ser consumado el próximo mes de enero, aplaudiendo al colectivo de familias como "referente en la lucha y la resistencia contra la pobreza y la violencia de los poderes financieros".

Mensaje al ayuntamiento

La moción, en su parte dispositiva, pide la retirada de la solicitud de desalojo promovida por Ibercaja y la negociación de "alquileres sociales acordes a la realidad económica de esas familias", manifestando la oposición de la institución a "la penalización de la ocupación" e instando al Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), a restituir "a la mayor brevedad posible" los suministros de agua y electricidad en el bloque. La propuesta, a la hora de la votación, ha prosperado con los votos del PSOE, IU-CA y PA, toda vez que los populares han votado en contra.

La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".

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