La totalidad de los 840 monitores administrativos de centros docentes andaluces cuya función será asumida por una oferta de empleo público ha participado este lunes en protestas tanto en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en Sevilla, como en diferentes sedes del gobierno autonómico en las ocho capitales andaluzas, pidiendo en este sentido que el Ejecutivo autonómico acceda a su readmisión "hasta final de curso".

Estas protestas, según han precisado a Europa Press fuentes del colectivo afectado, se complementarán con una 'cacerolada' y una 'zambombada' los días 10 y 17 de diciembre y un encierro los días 13, 15 y 15 de diciembre en el colegio 'El Puntal' de Bellavista, en Aljaraque (Huelva).

Los trabajadores —que, según la central sindical UGT, habrían recogido unas 14.000 firmas en defensa de sus puestos de trabajo— se han movilizado así en una protesta tras la cual la administración se habría comprometido, según relata el sindicato CCOO en una nota, a parar el plan de choque previsto y no activarlo de forma inmediata, así como a abrir una negociación.

CCOO, así, se ha hecho eco de las últimas palabras del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, con respecto a este colectivo, en las que ha apelado a la complicidad con los sindicatos para llevar a cabo lo antes posible un plan de choque en el que se pueda contar con la experiencia de estos empleados, cuya labor ha sido, para la Junta, satisfactoria.

Subcontratados en condiciones laborales "vergonzosas"

En la protesta ante la sede de la Consejería han participado representantes sindicales de CCOO y UGT. En declaraciones a los periodistas, una portavoz de UGT-Sevilla, Elena Sánchez, ha explicado que el problema no sólo radica en la finalización de los contratos de estos 840 monitores administrativos educativos, sino que "los centros no tienen quien realice esta labor".

En este sentido, ha añadido que estos trabajadores han estado subcontratados "en condiciones laborales vergonzosas, con pérdida de derechos", cuando, a su parecer, "todos deberían ser fijos discontinuos". Por tanto, ha solicitados a la Junta de Andalucía la readmisión de los 840 afectados "hasta el final del curso escolar" con el fin de ganar tiempo para "articular medidas" que permitan continuar con un correcto servicio.

"Creo que es una mala gestión, que no se le ha metido mano antes, y es el momento ahora de ponerlo en funcionamiento correctamente", ha indicado, al tiempo que ha reiterado que "los verdaderos perjudicados son los trabajadores, que han vivido unas situaciones de salarios y pérdida de derechos laborales vergonzosos".

Por su parte, una de las empleadas afectadas, Esther Porquicho, ha relatado que desde la licitación del curso pasado la empresa "dejó de pagar los salarios", por lo que procedieron a "buscar soluciones" con la administración. No obstante, ha manifestado que desde el mes de enero no reciben "ninguna nómina completa" y, además, los meses de septiembre y octubre han trabajado con "un contrato menor, porque la Junta rescindió el contrato a la empresa" contratante, "mandando contratos menores a empresas intermediarias que mantuvieron la función los dos primeros meses de curso". Por lo tanto, "después de casi siete años trabajando nos hemos visto en la calle", ha lamentado.

"si ayer eran aptos,

Hoy también lo son"

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, las actuales circunstancias son resultado de la "nefasta" política "privatizadora" de la Junta, toda vez que el servicio, a partir de ahora, pasa a ser prestado directamente por la Consejería, "que, obviando los derechos de los trabajadores, ha decidido que pasen a engrosar las listas del paro, ya que las plazas serán incluidas en una oferta de empleo público".

CCOO exige "soluciones" para estas personas por parte de la Junta de Andalucía, "pues si ayer eran aptos para desempeñar este trabajo hoy también lo son". "Esto no es algo nuevo, sino consecuencia de la política de privatización que está llevando a cabo la consejería de Educación, siendo los trabajadores los que pagan la mala gestión y el abaratamiento de servicios públicos", ha afirmado.

Por último, ha lamentado "que tengan que pasar siete años y que las personas tengan que perder el empleo para que se den cuenta de que tanto la privatización como el abaratamiento de servicios lo pagan los trabajadores y que el beneficio empresarial está siendo a cuenta del empleo de éstos".