El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha abierto diligencias previas de investigación sobre un presunto fraude a la Seguridad Social cuya cuantía asciende por el momento a 1.624.140 euros. En la causa están imputadas actualmente 365 personas, en su mayoría perceptores de prestaciones indebidas de desempleo a través de los servicios de empleo. El juzgado instructor ha solicitado de forma urgente a la Junta de Andalucía dos funcionarios de refuerzo para llevar a cabo la investigación.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social. El presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.

Aunque la investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de 365 presuntos perceptores, aún queda pendiente de determinar la existencia de otros participantes en el fraude, ya sea por devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.

De este modo, el juzgado ha solicitado a la Junta de Andalucía la puesta a disposición de forma urgente de dos funcionarios de refuerzo con el fin de acelerar la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos. Cabe recordar que la investigación se inició en enero de 2012, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009.