El portavoz andalucista del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, y el coordinador provincial de IU-CA, Manuel Gutiérrez Arregui, han responsabilizado este jueves al alcalde tomareño y secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, de las actuaciones denunciadas por la Fiscalía por la contratación en el pasado mandato del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes con cargo a las arcas municipales. La Fiscalía, en concreto, ha denunciado al concejal de Presidencia, Eloy Carmona, Juan Campos y su antecesora en el área de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes.

El asunto responde a los informes que el Ayuntamiento de Tomares encargó en el pasado mandato a quien actualmente ocupa el área de Medio Ambiente, el actual concejal popular Juan Campos. Según la denuncia inicial elevada a la Fiscalía por los concejales del PA y de IU-CA, se trataba de informes de apenas dos o tres líneas de comentarios y que habrían sido elaborados 'a posteriori', precisamente para justificar el dinero abonado a Campos en el mandato anterior con cargo a las arcas municipales. Las fuerzas de oposición, además, avisan de una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.

A través de un escrito fechado el pasado 22 de noviembre y recogido por Europa Press, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, da cuenta de las diligencias de investigación incoadas a cuenta de la denuncia promovida por los concejales del PA y de IU-CA. "Llegados al punto en el que se concretan posibles hechos de relevancia penal, debe interponerse la oportuna denuncia, a fin de que se siga el procedimiento judicial pertinente. En tal documento, así, Segarra anuncia una "denuncia penal" por posibles delitos de malversación y prevaricación contra el concejal de Presidencia, el concejal de Medio Ambiente y su antecesora en dicha responsabilidad y actual edil de Cultura.

Señalan a sanz

Dado el caso, Alberto Mercado asegura que "José Luis Sanz es el verdadero cerebro de la trama de las presuntas facturas falsas del hoy concejal Juan Campos, al haber sido él mismo quien celebró la firma de un contrato sin contar con los parabienes de los necesarios informes de intervención y de legalidad", documentos que, según los andalucistas "se hicieron 'a posteriori' y de cuya autenticidad dudamos". Para él, son "ridículas y cobardes" las explicaciones de Carmona ante la denuncia de la Fiscalía. "Están empleando el mismo manual argumentarlo que el PSOE con los ERE, donde la culpa será de los empleados que no pusieron reparos, cuando lo verdaderamente importante está en el fondo del asunto, es decir, en si el PP pagó con dinero público a un militante por informes que jamás existieron".

Gutiérrez Arregui, de su lado, defiende también que "es el propio Sanz quien firma en 2007 el contrato de Juan Campos". "Si el portavoz de PP en Tomares y otros dos concejales incurren en presuntos delitos de malversación y prevaricación y el alcalde no sabía nada debería irse por incompetente. Si sabía y no los destituyó de forma fulminante, sería un cómplice. En cualquier caso, esto es el final político de Sanz, el cual está absolutamente desautorizado para encabezar la candidatura del PP a la Junta" subraya Arregui en un comunicado.

El ayuntamiento defiende que no hay irregularidades

El Ayuntamiento, ante esta decisión de la Fiscalía, señala de su lado que el contrato de Campos goza de "todos los antecedentes documentales necesarios, como la propuesta de servicios, tramitación y aprobación de la misma, así como todos los actos y documentos necesarios para la aprobación del gasto".

Esgrime el Ayuntamiento, así, un informe emitido el 6 de mayo de 2008 por la Intervención General sobre "la corrección del expediente de contratación", defendiendo que todas las facturas que median en el asunto cuentan con "informes del responsable de área de la prestación del servicio, propuesta de gastos, aprobación de la Delegación de Hacienda y orden de pago, todo ello con los correspondientes documentos presupuestarios en que constan las aprobaciones de la Intervención y de la Tesorería". "No consta irregularidad alguna en el procedimiento de contratación. Se seguía el procedimiento legal", defiende el Consistorio.