Abogados advierten de que los indultos y decretos-leyes son "excepcionales" y no pueden convertirse en cotidianos

El Icav cuenta con un centro "pionero" y único en España para velar por los derechos de los ciudadanos ante los poderes públicos

Abogados valencianos han advertido de que los indultos y los decretos-leyes —contemplados en la legislación actual— son instrumentos "excepcionales" y "no pueden convertirse en cotidianos". "Si se convierte en generalizado algo para supuestos excepcionales no parece lo debido", han comentado.

Así se han pronunciado los abogados Vicente Grima, Juan Martín Queralt, Juan Molpeceres, Juan Vicente Monleón y Mariano Durán —este último también decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav)— en un desayuno con periodistas para presentar el Centro de Defensa de la Defensa, "pionero" y único en España, y que tiene como objetivo velar por los derechos de los ciudadanos ante los poderes públicos. Todos ellos integran este centro, creado hace aproximadamente un año, junto con el abogado Javier Boix.

Dos de los casos en los que se puede ver vulnerado el derecho de defensa son la aprobación de decretos-leyes por parte del Gobierno y la concesión abusiva de indultos. En concreto, sobre los indultos, Grima —abogado que representa al exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, quien ha solicitado el indulto tras ser condenado a tres años de cárcel por los delitos de falsedad documental y prevaricación— ha indicado que es "atendible" cuando se trata de una medida excepcional.

Grima ha recordado que el indulto es una medida prevista en la legislación "desde hace mucho tiempo", recogida en el Código Penal, y tiene una finalidad: "resolver casos excepcionales". "Y así está concebido", ha destacado. El indulto —ha agregado— se puede solicitar, entre otros aspectos, por razones humanitarias, por razones familiares o si se estima que los hechos, aún considerados delitos, pueden merecer una valoración distinta.

"Y concedidos —los indultos— de forma excepcional, son razones atendibles". Así, entiende que "convertir en generalizado algo para supuestos excepcionales no parece lo debido". Preguntado por si le parece que se abusa de solicitar esta medida, ha respondido que es un derecho del ciudadano, y que otra cuestión es si se conceden de forma abusiva.

Sobre este último aspecto también ha coincidido Molpeceres, quien no solo ha cuestionado si se conceden demasiados indultos, sino que ha hecho referencia a la "arbitrariedad" de los mismos, puesto que para concederlos no se exige una motivación o una concreción de las razones.

Al respecto, Queralt ha subrayado que el indulto no debe ser algo ordinario, sino excepcional, "para casos muy singulares", ha dicho. Y actualmente parece que esta premisa no se tiene en cuenta, "si se acude al Boletín Oficial del Estado (BOE) y se ven las relaciones de indultos publicados periódicamente", ha comentado. "Es un caso excepcional y se ha convertido en cotidiano", ha lamentado.

Por su parte, Durán ha aseverado que "lo excepcional es excepcional siempre", tanto para los indultos como para los decretos-leyes, y ellos —ha agregado— no dejarán de denunciarlo, puesto que abusar de ellos es "malo" tanto para el Estado como para los ciudadanos. Más en concreto sobre los decretos-leyes, Queralt ha expuesto que "no puede ser el decreto-ley una vía ordinaria de legislación".

El centro de defensa

"Es un derecho del ciudadano y no del abogado", han coincidido todos los expertos, quienes en el Centro de Defensa se encargan de supervisar, bien tras recibir una queja o de oficio, si se ha garantizado el derecho de defensa del acusado. Seguidamente, elaboran un informe y lo elevan a la Junta de Gobierno del Icav, aunque éste no es vinculante. Si lo consideran oportuno, pueden denunciar los hechos por otras vías.

"Atenderemos las quejas de los colegiados contra las actuaciones judiciales, los poderes públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, las analizaremos y emitiremos un informe", ha comentado Queralt, quien ha agregado que también pueden actuar de oficio e, incluso, examinar las conductas de los propios letrados, para determinar si han actuado adecuadamente.

Este centro tiene como objetivo proteger el derecho de defensa de los ciudadanos frente a los poderes públicos, para evitar los abusos o las indefensiones. Al respecto, Queralt ha expuesto que esto surge porque en la actualidad existe una "metástasis" de los poderes públicos y, sobretodo, del poder ejecutivo, que "asume funciones que muchas veces irrumpen en el ámbito del poder legislativo, y otras en el poder judicial". Por tanto, considera que "la división de poderes es a veces más teórica que real".

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