La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, la socialista Esther Díaz, ha dicho este jueves que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la "ruptura de la cohesión territorial" en el país.

Díaz se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo tras reunirse con el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios.

La nueva normativa, ha señalado Esther Díaz, dejará en manos de las comunidades autónomas las decisiones sobre servicios sociales que antes tomaban los ayuntamientos. "Todo dependerá de la sensibilidad de los gobernantes o de la ideología", ha manifestado, señalando que la norma va a generar inevitablemente "desigualdades" en la prestación de servicios sociales entre ciudadanos, dependiendo de dónde vivan.

Tras señalar que si la ley entra en vigor, el Gobierno del Principado trabajará por elaborar un plan para mantener en la red local de proximidad, ha dicho que la norma supone una "injerencia competencial importante" en las comunidades autónomas por parte del Gobierno.

Previamente, el presidente de la FACC había cifrado en al memos 40 millones la cantidad que los ayuntamientos manejan para ofrecer esos servicios sociales a los ciudadanos y que ahora pasarían a depender de otras administraciones.

Esa es la estimación de la FACC, pero Esther Díaz ha señalado que, según el Principado y a falta de completar un cálculo completo, la cantidad es más alta. La dirigente asturiana ha retado al Gobierno central a que explique a las comunidades autónomas la "fórmula mágica" para que se puedan hacer cargo de ese gasto.