El fiscal de la causa judicial abierta contra una supuesta red, conformada por cuatro agentes de Medio Ambiente y por siete agricultores —uno ya fallecido— dueños de fincas, acusados de un delito continuado de omisión del deber de denunciar delitos y de cohecho, ha rebajado las penas a los mismos en la lectura de las conclusiones y ha retirado la acusación a uno de estos agricultores, al considerar que no existe prueba de cargo contra él.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas de la causa que aplica a todos los acusados, a los que rebaja la pena, y deja en dos años la petición de pena máxima para algunos de estos agentes más un periodo de inhabilitación.

A su vez, el fiscal ha pedido que el tribunal deduzca testimonio de la declaración de F.J.C., la persona a la que uno de los testigos señala como el autor de la entrega de dos sobres con dinero presuntamente para dos de estos agentes acusados, por si hubiera incurrido en falso testimonio.

Por su parte, todas las defensas han reclamado la absolución para sus defendidos y se prevé que el próximo viernes quede visto para sentencia una vez que se eleven los informes definitivos tantos de las defensas como del Ministerio Fiscal entre este jueves y al día siguiente.

Según reza en el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a finales de 2005 cuando estos funcionarios, con distintas categorías laborales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, prestaban sus servicios en la Unidad Biogeográfica número dos de la zona de Moguer y Palos de la Frontera —desde septiembre de 2007 en la denominada Unidad Biogeográfica Costa y Espacios Litorales—, y presuntamente se concertaron entre sí para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole.