La Consejería de Fomento y Vivienda ha pasado de invertir dos millones de euros en mantenimiento, conservación y reparaciones en el parque público de viviendas en 2012, a ocho en 2013, con una previsión de diez en 2014, quintuplicando así la partida en dos años.

"El cuidado y la dignificación de las viviendas sociales y sus zonas comunes son una línea estratégica para la Consejería, así como la defensa de su carácter público, en un contexto en el que numerosas administraciones están malvendiendo su patrimonio desde una consideración de la vivienda como mera mercancía", ha señalado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante la firma de adhesión de una decena de municipios de Sevilla al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Cortés ha apuntado que actualmente "estamos en una encrucijada en el marco de las políticas de vivienda" toda vez que "hay un momento de ofensiva por parte de la elite económica y especulativa que se resisten a la función social de la vivienda, mientras que nosotros apostamos por que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho humano".

Ha explicado que en esa "encrucijada", algunos "quieren convertir la vivienda en objeto de especulación de fondos buitre", frente a lo que la Junta "ha marcado un camino de alternativa apostando por la función social de la vivienda", con elementos como "la creación de un bloque institucional, que se une al bloque social para defender el derecho humano a la vivienda; la Ley de función social de la vivienda, la apuesta por el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética, y la dignificación de lo público".

De esta forma, en materia de conservación, reparación y mantenimiento, en 2012, cuando Cortés llegó al Gobierno, se destinaban dos millones de euros a ese concepto; ocho millones en 2013; y en los presupuestos de 2014 se han establecido 10 millones de euros.

Ha resaltado la importancia de la reparación y conservación y de las medidas de rehabilitación de viviendas "como objetivo fundamental para cambiar el modelo productivo".

Cortés ha señalado que los más de 80.000 inmuebles del parque andaluz, repartidos en más de medio millar de municipios en los que residen 350.000 personas, "van a continuar siendo públicos y brindando una función social, garantizando el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas familias que no pueden acceder al mismo en el mercado libre".

La consejera ha insertado en esta defensa del carácter público de las viviendas sociales el programa de trabajo comunitario en el que trabaja la Consejería, mediante el cual las familias deudoras de buena fe que no pueden hacer frente al pago de las rentas tendrán la posibilidad de compensar su deuda mediante tareas de conservación, mantenimiento y reparación de las viviendas en las que residen o las zonas comunes de sus edificios.

"La defensa de la dignidad de lo público y del compromiso vecinal en el cuidado de lo que es de todos es exactamente lo contrario de la caridad. Es reforzar el vínculo de responsabilidad de las familias con las viviendas públicas en las que residen, aunque a causa del desempleo no puedan hacer frente al pago de las rentas", ha señalado Cortés, quien resaltó la "extraordinaria respuesta de las clases populares, que no nos piden caridad sino justicia social y saben que lo público nunca es gratis".

"Desde junio del año pasado, la Consejería no desahucia a nadie en el parque público por no poder pagar, atendiendo a la situación de emergencia social y habitacional. Nadie pierde una vivienda social por haberse empobrecido", ha añadido Cortés.

Ello no significa, ha explicado, que la Consejería "haya dejado de ejercer una labor del control y de implicación de los vecinos y las comunidades". "La gran mayoría de los inquilinos de las viviendas abonan su renta, pero hay una minoría que, aunque lo pretende, no puede materialmente hacerlo, y en ocasiones son esas mismas familias son las que nos exponen su voluntad de contribuir de otra manera", ha dicho la consejera. La consejera considera "constructiva" la solución del trabajo comunitario porque "refuerza los lazos de comunidad y responsabilidad colectiva, dignifica lo público y rompe con los esquemas individualistas y clasistas imperantes".

La consejera ha apuntado que el programa de trabajo comunitario en el que trabaja su departamento encuentra su anclaje en el artículo 50 del borrador del Plan de Vivienda y Rehabilitación, actualmente en fase de alegaciones y que previsiblemente será aprobado en los próximos meses. Dicho artículo señala que la Consejería "podrá acordar con las personas arrendatarias la autorreparación de las viviendas que habitan y de los elementos comunes de los edificios". Y añade: "Esta autorreparación se evaluará técnica y económicamente al objeto de su compensación por un porcentaje mensual de las rentas a la que están obligados las personas arrendatarias, así como a sufragar el importe de sus deudas".

Cortés ha añadido que la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su última modificación, incorpora al artículo 17 un apartado, según el cual "en los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble".

Rehabilitación y eficiencia energética

Aparte de quintuplicar los recursos públicos dedicados al mantenimiento del parque público en dos años, Cortés ha recordado que la inversión movilizada en rehabilitación por las políticas de la Consejería será en 2013 de 80,8 millones de euros, lo que supone la actuación en 10.352 viviendas y 7.501 empleos, y que en 2014 el presupuesto de los programas de vivienda y rehabilitación crecerá un 11,2 por ciento.

También ha señalado que la Consejería trabaja en el estudio de la calificación energética de su parque público de viviendas para, con posterioridad, poner en marcha un plan de mejora de la eficiencia energética con una inversión procedente de fondos autonómicos y europeos.

Ese estudio se ha hecho por el momento en un 50 por ciento del parque, según ha explicado la consejera, quien ha recordado que "buena parte del parque público de viviendas sociales fue edificado antes de las normas de eficiencia energética, por lo que existe un extenso campo de trabajo, de generación de empleo y de mejora del parque residencial".

Antes, la Consejería invertirá 3,7 millones en un proyecto de intervención energética en las ocho provincias. "Estamos movilizando todos nuestros recursos para propiciar la generación de empleo la reactivación del sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis y el desempleo, a través del a rehabilitación y la eficiencia energética", ha apuntado Cortés.

Ha precisado que el objetivo es apoyar las mejoras para la eficiencia energética en el nuevo marco de fondos europeos, pendiente de cerrar, toda vez que "en un porcentaje muy elevado, la eficiencia energética tiene que ver con el consumo energético en las viviendas".

Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo importante" de las familias en materia de rehabilitación, por lo que ha recordado que ha pedido al Gobierno que "se desgraven las acciones de rehabilitación y que haya una reducción del IVA" por ese concepto.

Por último, ha apuntado el futuro banco publico andaluz como "instrumento financiero que permita prestar a las familias para poder acometer esas obras y también prestar a las pymes, ante el brutal cerrojazo del crédito que se mantiene".