Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad la convalidación del Decreto-Ley de la Junta por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que contempla la creación de una red de protección a las personas en riesgo de exclusión social como consecuencia de la crisis, un sistema de atención "pionero" en España y que, al estar regulado por ley, obliga a las administraciones a prestar este servicio que se equipara así con la sanidad o la educación en lo que el Grupo Mixto ha reconocido como "el motor de lo público".

Así lo ha recordado la consejera de Familia, Milagros Marcos, en la presentación este miércoles en las Cortes de Castilla y León de este Decreto-Ley que, entre otras novedades, limita el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a los condenados contra la vida o la libertad sexual que no hayan satisfecho la responsabilidad civil o indemnización económica recogida en la sentencia condenatoria y habilita 6 millones en dos años para ayudas de emergencia para familias en paro a punto de perder su vivienda.

Marcos se ha comprometido a comparecer en las Cortes cuando sea preciso para analizar la evolución de la red de protección, un guante que ha sido alabado y recogido por la oposición que ha pedido esa pronta comparecencia para conocer con detalle las cifras con las que comienzan las 23 medidas de esta red de protección de modo que dentro de un año se pueda evaluar correctamente su funcionamiento.

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Mixto han coincidido también en la necesidad de pedir más recursos para los ayuntamientos, por ser los que tienen que trabajar desde la cercanía con los ciudadanos que lo están pasando mal, bajo la premisa, además, de que no se puede cargar un coste sin financiación, como no acepta la Junta por parte del Estado.

"Las personas en situación de desahucio necesitan mucho más", ha advertido a modo de ejemplo el portavoz del Grupo Mixto, José María González, en sintonía con lo afirmado por el procurador socialista Francisco Ramos que ha advertido de que esta norma no supone un incremento presupuestario, ante lo que la procuradora 'popular' María Luisa Álvarez Quiñones ha garantizado que los recursos están en el proyecto de presupuestos de 2014. En total, la red de protección dispondrá el próximo año de 145 millones de euros, a los que se suma un fondo de solidaridad adicional.

Abrir más puertas

Tanto Ramos como González ha coincidido también en la necesidad de "abrir más puertas", como que la Renta Garantizada, cuya puerta se ha abierto "con timidez", para el primero, se contemple en los presupuestos como un derecho ampliable, "por mucho que sepamos que es un derecho subjetivo", según el segundo.

El procurador socialista ha advertido a este respecto de que las nuevas normas para facilitar el acceso a la RGC se compensarán con las prestaciones que se dejarán de abonar por la incorporación de los más vulnerables a los planes de empleo, como se compromete la Junta, en lo que Ramos ha definido como "la redistrubición de los recursos de los pobres en favor de los más pobres, eso sí".

En la presentación del Decreto-Ley, la consejera ha recordado que la nueva norma permitirá dar una respuesta "urgente, eficaz, coordinada e integral" a la situación de las familias afectadas por la prolongada crisis -unos 100.000 beneficiarios y 40.000 familias—, paliar esos efectos, prevenir situaciones de exclusión y mantener los niveles de vida.

Milagros Marcos ha significado también el consenso alcanzado sobre la norma con la "valiosa" contribución de las entidades locales y de las organizaciones del tercer sector, que se incorporan al procedimiento de trabajo de los servicios sociales de una forma ordenada y regulada, a lo que ha sumado el diálogo con los agentes económicos y sociales y con los grupos parlamentarios para llegar a "un acuerdo de hondo calado" en el que se han sacrificando "propuestas de máximos".

La consejera ha recordado también que la nueva red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis multiplicará su eficacia e incrementará la vinculación de todos los agentes que intervienen, especialmente de las administraciones públicas, al mismo tiempo que evitará duplicidades en "una nueva forma de trabajar que supera los límites territoriales para dar a cada usuario la respuesta que pueda necesitar", con especial atención a la prevención y a la atención a las necesidades más básicas de alimentación y vivienda con medidas sobre el empleo.

Una sola llamada

"Una sola llamada activa la respuesta profesional a través de los CEAS acercando los servicios a los que lo necesitan", ha especificado Milagros Marcos, que ha recordado con especial atención que se reforzará la atención a los menores con la inclusión de la Red Centinela de Alerta Infantil como "respuesta rápida a posibles casos de desnutrición infantil".

Además, la Junta destinará seis millones de euros en los próximos dos años (tres millones en 2014 y tres millones en 2015) para poner en marcha una ayuda extraordinaria y de emergencia para hacer frente al pago de la hipoteca u otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual para aquellas familias que lo necesiten y tengan todos sus miembros en paro. En este caso, la ayuda será "finalista, inembargable y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación" y el importe máximo será del 50 por ciento del IPREM anual (3.195 euros en 2013).

Esta prestación se concederá previo informe social elaborado por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) y servirá para pagar la cuota de la hipoteca, para hacer frente a gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, a las cuotas vencidas de la hipoteca, al levantamiento de embargos de pequeña cuantía o para gastos extraordinarios de mudanza y alquiler. Además, la percepción de esta prestación conllevará la realización de un proyecto individualizado de inserción y de planificación económica personal.

La segunda medida novedosa es la atención prioritaria a las situaciones de desahucio de una vivienda en régimen de alquiler de modo que aquellas personas que estén a punto de ser desahuciadas de su vivienda de alquiler y todos sus miembros de la unidad familiar estén en paro tendrán la condición de prioritarias a la hora de acceder a una prestación de urgencia social.

El Decreto-ley, que consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y tres finales, contiene medidas especiales para personas más vulnerables vinculadas a la RGC con un "trato preferente" a los menores y a las víctimas de violencia de género con una especial garantía de atención a los menores.

Así, para evitar que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge no se descontarán de la cuantía que le correspondiera de la Renta los fondos que tienen que ir destinados a hacer frente a ese pago. Para aumentar la autonomía de las víctimas de violencia de género, se agiliza el procedimiento para que puedan percibir la RGC y se le considera como una persona independiente "incluso antes de haber concluido los trámites de separación".

Se excluirán del cómputo patrimonial, durante el primer año de percepción de la prestación, las viviendas de las víctimas de violencia de género cuando hayan tenido que abandonar su domicilio y residan en otro inmueble que no sea de su propiedad.