La presidenta del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez Hornillo, anuncia que "presentará batalla" ante el gobierno local de Antonio Gutiérrez Limones contra sus intenciones de externalizar el servicio de gestión tributaria. La dirigente cree que "la solución propuesta por Gutiérrez Limones en la que se pasa por deshacerse del servicio de recaudación tributaria, es un error porque tenemos que pagarle a un tercero para nos haga el trabajo". De hecho, manifiestan su plena confianza en la plantilla municipal para asumir la gestión tributaria porque la considera "preparada y altamente cualificada".

Desde el PP alcalareño aseguran, tras un análisis exhaustivo realizado sus propios técnicos, que el acuerdo que el alcalde pretende firmar con la Diputación para la nueva gestión tributaria repercutiría "muy negativamente" en el servicio, alegando en primer lugar que el precio será más de un 40% superior al que costaba el anterior servicio, gestionado por la empresa privada CGI.

Además, el organismo de la Diputación que se haría cargo, el OPEAF, "no se haría responsable de otros costes variables como es el coste de generar los documentos de cobro, algo completamente ridículo", afirma el grupo 'popular', que califica el contrato de la diputación como "a todas luces leonino".

Por último, Rodríguez Hornillo señala el inconveniente de que toda la documentación necesaria para poder efectuar la gestión de cobro debe ser aportada desde el propio Ayuntamiento, "lo quiere decir que la administración local debe de contar con un servicio exclusivo para apoyo de la actividad cedida a Diputación, y en definitiva, el trabajo pesado lo hacemos nosotros y además, tenemos que pagar más de dos millones de euros por algo que podríamos hacer desde aquí".

La opción que plantea el PP se basa en que la gestión, la recaudación y la inspección fiscal se queden en manos del Ayuntamiento y que únicamente con la Diputación se acuerde un convenio para ceder las competencias de recaudación fuera del término municipal, "algo muy dificultoso para una administración de rango local".

Con este sistema, el PP alcareño estima que las arcas municipales pueden llegar a ahorrarse al año 700.000 euros como mínimo comparado a lo que hasta ahora venía costando CGI, y unos 1.200.000 de euros en relación con los costes del OPEAF. Unos importes que, según Rodríguez Hornillo, "se podrían reinvertir en otros servicios públicos en beneficio de la ciudad", y creen que "con ese ahorro podríamos construir un colegio, o dotar los actuales mejor, o poner en marcha los comedores escolares cerrados".