La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a penas de prisión que oscilan entre los cinco y los tres años y siete meses a los tres hermanos acusados de estafar a una treintena de particulares entre los años 2005 y 2006 mediante operaciones de compraventa de casas de madera en Mengíbar (Jaén) que finalmente no se construyeron.

En concreto, uno de los abogados que ejercen la acusación en este caso, Fernando Balaguer, ha precisado a Europa Press que la sentencia, notificada este mismo martes y recurrible en casación, ha impuesto a uno de los encartados, identificado como A.J.M.M., una pena de cinco años de cárcel por un delito de estafa continuada, además de una multa diaria de seis euros durante doce meses.

De igual modo, el mismo tribunal ha condenado a cada uno de los otros dos imputados, identificados como P.M.M. y M.D.M.M. y hermanos del anterior, a penas de tres años y siete meses de prisión, así como al pago de una multa diaria de seis euros durante ocho meses, también como autores de un delito de estafa continuada.

Estas condenas prácticamente coinciden con las solicitadas por la Fiscalía, que en la sesión final de este juicio elevó un año sus peticiones de penas respecto a lo recogido en su escrito inicial de calificación de los hechos, de modo que pidió cinco años de cárcel para A.J.M.M. —al que se le atribuye la circunstancia agravante de reincidencia, ya que sobre él pesan dos condenas anteriores por otros delitos de estafa—, y cuatro para cada uno de los otros dos.

En su declaración, el primero de los encartados y ahora condenado a cinco años negó "haber jugado con el dinero de nadie" y remarcó que tenía "intención" de cumplir los contratos, al tiempo que reconoció haber contraído "deudas" con los clientes, a quienes cobraba adelantos que en algún caso llegaron a ascender a 40.000 euros y que no fueron devueltos posteriormente.

Según relató el aludido, dichas cantidades se destinaron "al pago de proveedores, materiales y trabajadores" de la comunidad de bienes que constituyó en el año 2002 junto a su hermano P.M.M., y que entre los años 2002 y 2005 se dedicó a "trabajos de carpintería y estructura metálica", si bien a partir de ese último año la empresa cambió su actividad y se centró en la construcción de casas de madera, de las que únicamente "entre ocho y diez" se terminaron, quedando un total de 26 sin edificar.

A pesar de que lo que la empresa ofertaba a sus clientes eran "casas terminadas", el responsable de la firma de los contratos de compraventa no devolvió los anticipos que los clientes le abonaron a pesar de que esa premisa no se cumplió, según reconoció durante el juicio el propio acusado, que justificó el hecho de que las viviendas no se terminasen de edificar por el "incremento de los costes" de construcción que se produjo cuando la sociedad que constituyó con su hermano "cambió el tipo y los materiales" de las viviendas ofertadas, lo que provocó que éstas costasen más que el precio en el que se vendían, según defendió.