Mateos, seguro de que el Gobierno pondrá los recursos económicos para aplicar la Lomce en CyL

El consejero de Educación, Juan José Mateos, se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno de la nación pondrá los recursos económicos necesarios para poder aplicar la nueva ley de educación, la Lomce, en Castilla y León, al mismo tiempo que se ha comprometido a desarrollar la parte autonómica de la misma y ha convocar a los centros para abrir el desarrollo de la norma a la participación y al diálogo.

El consejero de Educación, Juan José Mateos, se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno de la nación pondrá los recursos económicos necesarios para poder aplicar la nueva ley de educación, la Lomce, en Castilla y León, al mismo tiempo que se ha comprometido a desarrollar la parte autonómica de la misma y ha convocar a los centros para abrir el desarrollo de la norma a la participación y al diálogo.

De este modo se ha pronunciado Mateos a preguntas de la procuradora socialista Ángela Marqués que ha cifrado el coste de la Lomce en 63 millones de euros para Castilla y León, ante lo que el consejero ha apelado a la prudencia a la espera de que se apruebe definitivamente la ley y se produzca su desarrollo legislativo.

"La Junta de Castilla y León ha aplicado, aplica y aplicará la normativa básica del Estado con las adaptaciones necesarias para acomodarla a las características propias de la Comunidad", ha contestado Mateos, quien ha negado tener el "corazón partío", como había afirmado Marqués, ya que, según ha aseverado, sólo tiene un corazón "que además funciona —y por muchos años, se ha escuchado desde la bancada 'popular'—".

Marqués por su parte ha exigido un compromiso "claro y contundente" del consejero de que no se aplicará la Lomce en el curso 2014/2015 ya que, según ha aventurado, los socialistas se encargarán de que no se aplique en los siguientes cursos académicos.

La procuradora ha cargado contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al que ha tildado de "soberbio y cobarde", y ha calificado de "repugnante" la intención del PP de aprovecharse de la ley de educación para crear un sistema de castas que impida el movimiento social.

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