La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, ha formado nueve piezas separadas de la causa en la que se investigan, entre otros, delitos de blanqueo de capitales, societarios fiscales y contra la administración pública, y advierte de que "se podrán ir ampliando en función del análisis detenido de la causa".

Una de ellas, la número siete, investigará las supuestas irregularidades cometidas en Asturias por los imputados F.J.F.D. y J.C.G.A., quienes, además de otras actividades presuntamente ilícitas, se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses en relación a contratos del Ayuntamiento de Cangas de Narcea sobre la gestión de tráfico y multas, el servicio de limpieza y recogida de basuras y la compra de GPS para Consistorio.

Así consta en el auto, al que tuvo acceso Europa Press, remitido a las partes, en el que la jueza tiene pendiente la práctica de varias diligencias de investigación "alguna de ellas de gran relevancia" e investiga si PP y PSOE de Santiago de Compostela se financiaron ilícitamente.

Pilar de Lara argumenta que, del conjunto de análisis de intervenciones telefónicas judicialmente acordadas, así como del examen de las diligencias de registro practicadas, y manifestaciones prestadas por testigos e imputados, "se han revelado conductas de apariencia ilícito-penal de lo más variada que hacen referencia, en la mayor parte de los casos, a hechos que se encuentran casi siempre relacionados entre sí, y que se tipifican como delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales que, a su vez, traen causa en delitos contra la administración pública".

También precisa la jueza que la enumeración que se hace de los imputados, más de 80, "no tiene carácter cerrado", por cuanto "que de la investigación podrán aparecer otros encartados". Añade que la relación que se realiza de los hechos delictivos investigados en cada pieza o su clasificación jurídica "no tiene carácter exhaustivo", sino "un carácter meramente enunciativo para facilitar a cada parte, con las limitaciones del secreto sumarial, la labor de identificación de las piezas, sin que obviamente tenga carácter vinculante".

Supuesta financiación ilegal

En la quinta pieza separada se investigan supuestas irregularidades cometidas en diversas concejalías del Ayuntamiento de Santiago y por diversos concejales y funcionarios "que se habrían concertado con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados" por el Consistorio, influyendo para ello "en los técnicos encargados de la contratación".

A cambio de tales favores, según sostiene la jueza, los grupos empresariales supuestamente realizarán sobornos. Asimismo, en esta pieza se investigaría "las irregularidades consistentes en supuesta financiación ilícita del PP, a cambio de contratos".

Al respecto de esos delitos, Pilar de Lara alude a la ilícita adjudicación de un contrato de servicios de gestión de los expedientes sancionadores por infracción contra la normativa de tráfico vial urbano; la supuesta adjudicación ilícita de un contrato de suministro de autobuses financiados con fondos Feder del Ayuntamiento de Santiago; contratación de "enchufados" por empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento, además de retirada de multas y otras.

En esta pieza incluye supuestas irregularidades urbanísticas alrededor de la Finca do Espiño, aceptación de regalos por razón del cargo y "favorecimiento de determinadas empresas a las que se da información privilegiada manipulando los concursos para darles determinadas adjudicaciones".

También señala que se investigan "posibles irregularidades en la financiación del Partido Popular mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios" en el Consistorio compostelano y "pagos de dinero para sufragar actos del Ayuntamiento y actos ajenos completamente a la actividad municipal pero que responden a compromisos electorales o de algún cargo político".

En esta pieza hay 11 personas imputadas, entre ellas el exacalde popular Gerardo Conde Roa, los ediles Adrián Varela (PP) y Bernardino Rama (PSOE), y el exasesor municipal Ángel Luis Espadas y el exedil Albino Vázquez.

Delito electoral

En la pieza número 8 la jueza investiga la supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago "utilizando para ello la empresa Imprenta Ibérica que, en connivencia con otras, entre ellas Aguagest, habría elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero" lo que, a juicio de la magistrada, "podría constituir un delito de falsedad documental y delito electoral".

En esta pieza hay cuatro imputados: el edil socialista Bernardino Rama y exresponsables de Aquagest en Galicia, José Luis Míguez y Henry Gómez Layño, así como Antonio Luis M.P. de Imprenta Ibérica.

La pieza número 9 se refiere a un supuesto tráfico de influencias cometidas en el Ayuntamiento de O Carballiño (Orense) por parte de su alcalde, Argimiro Marnotes, a favor de la empresa Forestación Curro "mediante la presunta manipulación de un concurso negociado".

Pieza principal

La jueza instructora señala como "pieza principal" la que investiga los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública en la que están imputados el exconcejal de Lugo y exresponsable de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, su esposa y otros empresarios hasta sumar 17 imputados también por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros.

Pilar de Lara investiga en esta pieza, en la que entre los imputados se incluye el alcalde de Lugo, José López Orozco, supuestas irregularidades cometidas en relación con el Ayuntamiento de Lugo, entre las que se encuentra "la adjudicación del servicio de grúa a la empresa Cechalva, así como otras serie de actividades supuestamente delictivas cometidas por esta empresa y sus administradores", recoge en el auto.

La segunda pieza alude a la investigación de las actividades "presuntamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en la comunidad de Galicia", que pueden ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación y otros. Ésta es la pieza con mayor número de imputados, casi medio centenar.

La tercera pieza se refiere a un supuesto delito de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental llevadas a cabo supuestamente por Fernández Liñares, en la realización de supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y contratos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

La cuarta pieza se refiere a una supuesta trama que gira alrededor de la empresa Aquagest en diversos términos municipales de Galicia; la sexta aborda delitos de tráfico de influencias y adjudicaciones ilícitas cometidos en el seno del Consejo Comarcal de la Selva.

Con todo, para agilizar el proceso de formación de las piezas la jueza explica que, "dado el volumen de la causa", así como el número de partes, "la imposibilidad de almacenar en sede judicial el elevado número de tomos" que la conforman, "las piezas se formarán digitalmente" en disco duros, pen drives o DVDs. Finalmente, puntualiza que el auto de prórroga de secreto del 11 de noviembre "se extiende a cada una de las piezas que se hayan de formar antes de la fecha del vencimiento de esta última prórroga".