Un empresario mallorquín se sentará este martes, a partir de las 10.45 horas, en el banquillo acusado de apropiarse de hasta 273.462 euros que debían destinarse a la financiación de una promoción inmobiliaria, impidiendo de este modo el buen fin del proyecto. En concreto, el juicio contra el inculpado, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público señala que los hechos ocurrieron cuando el acusado, Fernando G.M., suscribió en octubre de 2006 con Pedro Pablo G.G. un contrato de cuentas con el exclusivo objeto de llevar a cabo una promoción inmobiliaria en un solar de Llucmajor, para lo cual debía demolerse la edificación existente en la zona y construir otro de nueva planta para tal fin.

El contrato atribuía al inculpado la función de gestionar la actividad inmobiliaria mientras que su socio debía efectuarle aportaciones dinerarias con el objeto de destinarlas a financiar la promoción, todo ello con la obligación de aplicarlas al destino pactado y de devolverlas en caso de que finalmente el acuerdo no fuese ejecutado.

Así, en cumplimiento del contrato suscrito, el socio hizo entrega de 84.442 euros en octubre de 2006, 60.000 en noviembre, 124.979 en julio de 2007 y 4.039 euros en agosto de 2008. Sin embargo, lejos de que el acusado diera a las cantidades el destino pactado, se apoderó presuntamente de las mismas mediante transferencias en favor a tres empresas de su titularidad.

Con esta actuación, el procesado provocó que los recursos no se destinasen finalmente a la ejecución del proyecto objeto del contrato, sin que realizase demolición alguna e imposibilitando de este modo que el proyecto saliese adelante, según relata la Fiscalía, que solicita además que Fernando G.M. indemnice a su exsocio con el pago de los 273.462 euros que no le devolvió y se le imponga una multa total de 108.000 euros.

El Ministerio Público le acusa de un delito continuado de apropiación indebida, si bien le atribuye de forma alternativa un delito societario, por el que reclama cuatro años de prisión.