El Gobierno central ha defendido la legalidad del proceso de adjudicación por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que gestiona los recintos de Valencia, Sagunt y Gandia, para la elaboración del plan estratégico 2002-2015 y para el programa de futuro hasta el año 2020, así como el precio de 2,5 millones pagado a una consultora por tratarse de la "propuesta económicamente más ventajosa" de las ocho firmas que se presentaron al concurso público para la elaboración de este programa.

Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Ricardo Sixto, consultada por Europa Press, que apunta en la formulación de su pregunta que la externalización de este servicio "puede estar en el punto de mira de Fiscalía ante la denuncia realizada contra tres de sus directivos —de la APV—, incluido su presidente". En esta línea, ha lamentado el "despilfarro" de los gestores de esta entidad "en los últimos años".

En la contestación, el Gobierno indica que la tramitación de las actuaciones interesadas se ha realizado "de acuerdo con la legislación vigente en ambos casos", tanto en la actualización del Plan Estratégico como en lo referido a la contratación de la edición de la Memoria Anual, las Cuentas Anuales, el Anuario Estadístico, la Memoria Ambiental, el desplegable y DVD de los ejercicios 2009 y 2010.

En concreto, en el caso del Plan Estratégico, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) convocó, mediante la publicación de anuncio en el BOE de 19 de febrero de 2009, un concurso público al que se presentaron ocho firmas de consultoría (una de ellas fue desestimada al no alcanzar su propuesta técnica la valoración mínima establecida en el Pliego de Bases), entre las que fue seleccionada A.T.Kearney, que "obtuvo la mayor valoración global" y, además, "presentó la propuesta económica más competitiva frente al resto".

Por otro lado, Sixto señala que la APV "utilizó más de 50 millones de euros" en la compra de unos terrenos para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Parc Sagunt, "unos terrenos que están sin usar y claramente depreciados".

En este sentido, el Gobierno señala que el coste de los terrenos fue de 30,7 millones y explica que su puesta en explotación "no ha sido posible como consecuencia de la ejecución de unas obras derivadas de la tramitación de una modificación Puntual de la Ordenación Pormenorizada del Plan Parcial Industrial del Sector Empresarial Sagunt-1, a fin de permitir dicho asentamiento, actuaciones que no son competencia de la APV".

AUDITORÍA

Asimismo, el diputado inquiere al Gobierno por la gestión económica y el "despilfarro" de la APV, a lo que el Ejecutivo indica que el control de la gestión económico financiera de la APV se realiza, "de conformidad con lo previsto en la legislación portuaria", por la Intervención General de la Administración del Estado, (IGAE), que determina anualmente dos tipos de control sobre la Autoridad Portuaria de Valencia: uno correspondiente a la auditoría económico-financiera y otro de auditoría operativa y de cumplimiento.

En relación con la primera, "se han recibido informes sin salvedades o con alguna salvedad, que en ningún caso supuso la denegación de opinión por parte de los auditores", indica la respuesta.

En cuanto a los informes de auditoría de cumplimiento y operativa, los informes de la IGAE "detectan disfunciones o irregularidades que se reflejan en el apartado de conclusiones y recomendaciones".

No obstante lo anterior, estas disfunciones detectadas por la IGAE "no fueron consideradas por el citado órgano de gestión de la entidad suficiente para proceder a la elevación de dichos informes al Tribunal de Cuentas", agrega al respecto.