Más de medio centenar de abogados y trabajadores de Justicia se han concentrado ante las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz para protestar por los efectos de la Ley de Tasas Judiciales, que un año después de su entrada en vigor, según afirman, ha reducido en más de un 30% los asuntos en los juzgados pacenses.

Con esta movilización, convocada por el Consejo General de la Abogacía Española, este colectivo ha mostrado una vez su rechazo a esta ley, que ha dado como resultado "la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

La decana del Colegio de Abogados de la Provincia de Badajoz, Filo Peláez, ha asegurado que en este primer año "se han confirmado los peores augurios" y es que la ley ha privado "a miles de ciudadanos" de su derecho a la tutela efectiva

Esto se ha notado en los despachos de los abogados de la provincia, en los que se ha registrado un descenso de casi el 40% de los asuntos, según Filo Peláez, quien ha explicado que los clientes "se dan la vuelta y no quieren presentar el procedimiento judicial porque están ahogados económicamente".

También se ha apreciado en los juzgados pacenses, donde el "efecto disuasorio" de la ley ha reducido en más del 30% los casos, "no porque no tenga entidad lo que quieren reclamar sino porque no pueden pagar", ha señalado.

Los hechos demuestran, según la decana, que la ley es "puramente recaudatoria y disuasoria" y que ha sido rechazada socialmente, ya que se han presentado cinco recursos de inconstitucionalidad y varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Los abogados y el resto de colectivos del ámbito de la Justicia han hecho un llamamiento al Tribunal Constitucional para que agilice su respuesta a los recursos presentados "ante el grave daño" que están sufriendo los ciudadanos, a la vez que han pedido al Gobierno que atienda a Francia, que suprimirá todo tipo de tasas a partir de enero del 2014.

Filo Peláez también ha recordado que se desconoce el destino del dinero recaudado con las tasas, que el Ministerio de Justicia dijo se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita, "pero no ha sido así".

El colectivo considera que la agilización de la Administración de Justicia no se puede conseguir con "barreras económicas" sino con una transformación de la actual estructura "obsoleta e ineficaz", implantando nuevas fornas de organización y dotándola de los medios necesarios.