Abogados valencianos se han concentrado este miércoles ante la Ciudad de la Justicia para poner de manifiesto la "ineficacia" de la Ley de Tasas, que lleva un año en vigor, y para proponer una alternativa a este sistema, que consiste en obligar a pagar los costes del proceso a todos aquellos que pleitean con temeridad y mala fe.

Así lo ha indicado el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, tras asistir a la concentración en la Ciudad de la Justicia, en la que se han expuesto varias pancartas en las que se podía leer 'No a las tasas. Justicia para todos'. Durante el acto, Durán también ha leído un manifiesto social contra esta normativa impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Al respecto, el decano ha comentado que al primer año de la aprobación de la Ley de Tasas "han quedado manifiestos los efectos contrarios" a este sistema. Así, ha indicado que ha propiciado la "limitación" del acceso a la Justicia, lo que supone "una vulneración al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Además, ha indicado que no se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas: "la recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año", ha puntualizado.

En esta línea, Mariano Durán ha agregado que no se ha producido el destino de los fondos para la mejora asistencia jurídica gratuita. "Se desconoce el destino de la recaudación. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia", ha comentado.

Sobre la "ineficacia" de esta medida, Durán también ha puesto como ejemplo que una pareja de jubilados con una pensión de 1.800 euros entre los dos, que no tiene derecho a asistencia gratuita, y sus ahorros bloqueados por un producto financiero tóxico (preferentes), "tiene que parar 2.300 euros para presentar una demanda". Esto es "insostenible", ha dicho.

"Este sistema de tasas no ha resultado eficaz", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que el número de asuntos ha disminuido un 30 por ciento desde su entrada en vigor. En primera instancia, el numero de asuntos se ha reducido un 35 por ciento. Como posible "solución" a esta situación, el decano del Icav ha planteado la posibilidad de que quien pleitea con temeridad y mala fe, que pague después los costes del proceso.

Piden al gobierno que les escuche

Por todo, los abogados han solicitado al Gobierno que "escuche la voz de todos los colectivos afectados" —según consta en el manifiesto leído por Durán—, puesto que son los que "mejor" conocen las "disfunciones" del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía.

"El Gobierno —consta en el escrito— debe atender lo que pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como supuesta razón suprema penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia".

Los abogados consideran que es de "vital importancia" que el Ejecutivo "sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia". Y, sobretodo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002.