El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes de Sanidad, Función Pública y Educación (Faspì), han criticado que los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento andaluz "ignoran" sus peticiones de comparecencia en comisión para hablar sobre los presupuestos de la Comunidad para 2014.

Por ello, SAF y Faspi han presentado varios escritos dirigidos al Parlamento de Andalucía y a los portavoces de los tres partidos políticos representados tanto para pedir la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública como para expresarles sus consideraciones al proyecto de ley de presupuestos.

Según ha indicado el SAF en una nota, el motivo de los escritos era transmitir las cuestiones que "más están preocupando y causando desasosiego entre el personal que representamos", tras lo que lamenta que los escritos "no han obtenido respuesta".

A pesar de todo, SAF ha hecho llegar sus reivindicaciones sobre el proyecto de Ley del presupuesto de la comunidad autónoma para 2014 a la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz.

En un nuevo escrito, el sindicato advierte que dicho proyecto "va en detrimento de la calidad de los servicios que los funcionarios prestan a los ciudadanos y, por tanto, al bienestar social de los andaluces".

"Las medidas de ahorro llevadas a cabo por el Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía en estos presupuestos señalan y estigmatizan siempre a los mismos, al personal funcionario, cuando existen otras partidas de mayor ahorro que son intocables e ignoradas", agrega esta organización sindical, que lamenta que la Junta "no sigue las pautas previstas en los acuerdos de Gobierno y rompen los compromisos electorales de ambas organizaciones políticas, además de establecer una manifiesta discriminación entre los ciudadanos andaluces en el acceso al empleo público, y entre los propios funcionarios, económicamente y legalmente", denuncia SAF.

SAF señala la "doble vara de medir del Gobierno andaluz cuando destinan 122,8 millones de euros, casi cuatro veces más crédito de gastos para la alta dirección de la Junta de Andalucía que para el resto de la Administración General, que percibe 35,4 millones de euros o cuando no se repone íntegramente a los funcionarios sus retribuciones, vencidas las medidas de ahorro transitorias del cumplimiento del déficit".

El sindicato advierte que en el apartado destinado a la OEP 2014 no se prevén incorporaciones de ningún tipo de personal. "Ahora sí, la contratación de personal de carácter fijo, indefinido o temporal de los entes instrumentales y demás sociedades mercantiles a la que se refiere en el artículo quinto del texto refundido de la Ley de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, requerirá la sola aprobación de la correspondiente Consejería", asevera.

Lamenta que "prevalece el mantenimiento y fomento de la Administración paralela, a toda costa" y apunta como aspecto importante de este proyecto de presupuestos la disposición adicional decimoctava "que establece, bajo el aparente paraguas de la legalidad, las agencias públicas empresariales podrán contratar funcionarios de carrera". En ese sentido, SAF está llevando a cabo un informe al respecto y estudia la posibilidad de tomar medidas legales.

Ha recordado que la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público "afirma que los funcionarios de carrera son aquellos que en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente", por lo que "metido de rondón está la verdadera intención de esta disposición adicional, esto es, personal que, por una sucesión de empresas está regulado por el derecho privado, se conviertan en empleados públicos de la Junta de Andalucía".

Considera que los nombramientos "serían inconstitucionales, rozando el ilícito penal de nombramiento ilegal, y permite contratar en fraude de ley a los trabajadores contratados como personal laboral indefinido procedente de fundaciones, empresas o consorcios, que pudieran no integrarse legalmente a las agencias por causas judiciales".

A su juicio, "se perpetuaría una situación irregular, que será mantenida indefinidamente en el tiempo, en contra de la propia disposición adicional 15 del Estatuto de Trabajadores, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo; y contraviniendo la Resolución de 27 de octubre de 2010 de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas; y no de una manera transitoria, sino con una vigencia indefinida como establece la disposición final decimocuarta".

"El Gobierno andaluz parece estar en contra de la Constitución cuando incluye en una ley de acompañamiento, cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos y funcionarios y sobre las que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra, dejando a los parlamentos sin la capacidad de legislar derechos fundamentales como es el acceso a la Función Pública", asevera.

SAF concluye que con estas acciones, la Junta de Andalucía pretende "construir una Administración partidista, frustrando casi 100 años de evolución de derecho administrativo en la función pública, de la garantía de ofrecer al ciudadano un servicio público marcado por el interés general".

Este sindicato pide al Gobierno andaluz que "dé la oportunidad a todos los andaluces que deseen alcanzar un empleo público las mismas reglas del juego, como marca el Estado de derecho".