El Consell Jurídic Consultiu (CJC) entiende que debería elaborarse un informe económico detallado en el que se justifique la oportunidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, con la que el Gobierno de Alberto Fabra pretende reducir de 99 a 79 el número de diputados de las Corts.

Así consta en el dictamen del CJC al Anteproyecto de Proposición de Ley Orgánica de Reforma de los artículos 23 y 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. El objeto concreto de la reforma es la disminución en 20 del número de diputados a las Corts y, correlativamente, la reducción de la cifra de escaños a atribuir a cada una de las tres circunscripciones provinciales en que se divide la Comunitat, que pasarían de 20 a 15.

El órgano consultivo considera que esta norma es conforme con el ordenamiento jurídico, aunque realiza una serie de consideraciones, como una serie de observaciones sobre "errores de expresión".

Asimismo, el CJC señala que, según se explica en la exposición de motivos del texto, la finalidad perseguida con la reforma es "la adopción de las medidas necesarias para generar austeridad y hacer un uso racional de los recursos que suministren los ciudadanos".

Al respecto, indica que al ahorro que puede suponer la disminución en un 20 por ciento del número de diputados de las Corts —que pasarían de 99 a 79—, se contrapone el coste de la celebración de aquel referéndum.

Sobre este aspecto, destaca que la memoria económica incluida en el expediente remitido al órgano consultivo, la disminución de gasto anual en concepto de "financiación de los partidos políticos" se cuantifica en 352.800 euros, cuantía a la que habría que añadir una reducción de 255.725,80 euros por cada proceso electoral en concepto de "subvenciones por gastos electorales".

El referéndum tendrá un coste mínimo de 2,2 MILLONES

Frente a esta disminución de gastos, añade el CJC, la celebración del referéndum aprobatorio de la reforma proyectada tendría un coste presupuestario de 2,2 millones de euros si se celebra en concurrencia con un proceso electoral que esté a cargo de la administración del Estado; o de 7 millones de euros si no se produce dicha circunstancia.

Por ello, este órgano consultivo considera que debería elaborarse un informe económico "más detallado" en el que se justifique "con mayor amplitud" la oportunidad de la reforma proyectada desde la perspectiva económica.

En el dictamen, el CJC explica que en la tramitación del anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía se han verificado las principales reglas adjetivas que resultan de aplicación, y añade que, una vez aprobado por el Consell el proyecto de proposición de ley orgánica, este deberá ser remitido a las Corts.

"concurrencia de dos voluntades"

Asimismo, subraya que los Estatutos son instrumentos normativos de carácter "paccionado", pues tanto su aprobación como su reforma "exigen la concurrencia de las dos voluntades, la autonómica y la estatal", es decir, la "coparticipación entre el Estado y la Comunidad". Por ello, "ninguna de las partes puede unilateralmente proceder a su modificación sin el concurso de ambas voluntades".

También explica que cualquier reforma estatutaria "debe seguir un procedimiento más complejo, en el que ya no será suficiente con el previo amplio consenso —dos tercios— en el seno de las Corts, y con el concurso de voluntades de los parlamentos autonómico y estatal, sino que requerirá adicionalmente su aprobación por parte de los electores mediante referéndum de ratificación".

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