La concejal de Gestión para la Recuperación tras el Terremoto del Ayuntamiento de Lorca, Satur Martínez, ha informado que la redacción y puesta en marcha de la denominada 'Ley de Sustitución Forzosa' para la reconstrucción de edificios derribados por los daños originados por los terremotos, ha tenido un efecto disuasorio, de tal forma que ha permitido desbloquear la reedificación de, al menos 68 inmuebles.

Satur Martínez ha explicado que se trata de diferentes casos en los que los propietarios de las viviendas de determinados edificios no alcanzaban un acuerdo, y la posibilidad de llegar a un pacto que solucionara el tema no era posible debido, principalmente, al enquistamiento por la aparición de minorías de bloqueo.

A medida que los ciudadanos han ido conociendo que la aplicación de la Ley era un proceso dinámico y que su ejecución era una realidad, "las minorías de bloqueo se han ido disolviendo", ha indicado. En la mayoría de los casos, estas personas han transmitido su cuota de participación en el suelo, bien a terceros, o bien a la propia comunidad de propietarios.

La concejal de Gestión para la Recuperación tras los Terremotos ha destacado que este hecho nos da la razón, "desde el Ayuntamiento expusimos ante las diferentes administraciones que la redacción y aprobación de esta Ley se iba a convertir en una herramienta muy útil, podíamos decir que incluso clave, para la reconstrucción de un buen número de edificios".

La aplicación de la Ley 7/2012, de 20 de julio, que regula los procedimientos de sustitución y expropiación forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, sólo ha sido requerida, a día de hoy, por parte de una comunidad de propietarios, pertenecientes a un edificio ubicado en la Avenida de Santa Clara, añaden fuentes municipales.

"Podemos anticipar que se prevé seguir con su desarrollo en el pleno ordinario de este mismo mes, dando continuidad a lo aprobado en el pleno del pasado mes de julio", ha agregado la edil, "cuando se dio inicio a su tramitación administrativa por parte del Ayuntamiento".

Satur Martínez ha señalado que este procedimiento, tanto en este caso concreto como en el resto, se pone siempre en marcha a petición de los vecinos. Una vez oficializada la solicitud se establece un periodo de alegaciones a la parte que podría ser expropiada, cuya duración ronda los 15 días hábiles. Una vez concluido este, se procede a elevar al pleno del Ayuntamiento la propuesta.

Tras ello se abre un nuevo plazo de alegaciones que cuenta con la misma duración que el anterior, y, a su término, se lleva a término la expropiación. "Hemos de aclarar, en todo caso, que no es el Ayuntamiento el que paga la expropiación, sino la Comunidad de Propietarios. Desde el Ayuntamiento lo que se hace es poner a disposición de los vecinos su capacidad para expropiar", ha puntualizado.

La edil de Recuperación tras los Terremotos ha manifestado que este mecanismo fomenta la reconstrucción de las viviendas y protege a quienes quieren reedificar frente a situaciones de bloqueo. "Quienes planteen estas últimas deben ser conscientes de que no van a frenar la reconstrucción de las viviendas y no van a impedir que el resto de sus vecinos vuelvan a levantar sus hogares por enrocarse. Estamos hablando, en todo caso, de casos muy puntuales, ya que el denominador común de este proceso es la mayoritaria concienciación de los ciudadanos y el apoyo mutuo", ha señalado.

Constitución de 33

Nuevas comunidades de propietarios

Satur Martínez, que ha ofrecido un balance de gestión de su Concejalía, ha señalado que la actividad de este servicio municipal ha permitido la constitución de 33 nuevas comunidades de propietarios correspondientes a inmuebles que no contaban con dicha entidad y que necesitaban formar para optar al sistema de ayudas públicas para rehabilitación de zonas comunes.

La actuación de esta Concejalía ha contemplado, entre otras cuestiones, la mediación en los conflictos surgidos entre copropietarios de solares resultantes de la demolición de los edificios afectados y el asesoramiento jurídico para la interposición de recursos administrativos que ha permitido la revisión positiva de 742 expedientes.

Así como el asesoramiento para la adecuada presentación de la documentación requerida por la CARM para la tramitación, concesión y pago de los expedientes de reparación, reconstrucción, alquiler y reposición de enseres de vivienda habitual y la recepción de documentación así como su presentación y asesoramiento relativa a la prórroga del alquiler de vivienda de realojo, entre otros.

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