El interventor del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), Roberto del Olmo, ha declarado que "no podía parar" la contratación de obras menores objeto del juicio por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias que se sigue contra la exalcaldesa Elia María Blanco, cinco de sus concejales en su etapa de gobierno y el constructor José Antonio Romero.

Del Olmo ha expresado que el reparo, en caso de realizarlo, cuando no se trata de falta de consignación de crédito, es resuelto por el órgano superior, que en este caso es la Alcaldía, motivo por el que "suponía" que las observaciones que realizaba advirtiendo del posible fraccionamiento de los contratos para hacerlos pasar por contratos menores "no eran tenidos en consideración".

Ha añadido que estas observaciones constituían un exceso de celo por su parte, puesto que su función en esta tramitación es únicamente decir si hay consignación presupuestaria o no.

El interventor municipal ha declarado que, de manera general, la información elaborada por el órgano que representa "molesta" en las administraciones. De esta forma, y dado que no es su obligación "fiscalizar los contratos menores", haber interpuesto un reparo por estas causas podría haberle provocado un expediente.

A preguntas de las diferentes partes de la defensa sobre el programa informático por el que se tramita el pago de los contratos menores, Del Olmo ha respondido que una vez cerrado el expediente "no se puede modificar", aunque sí que se puede realizar durante su tramitación, pudiendo darse el caso de que los concejales de hacienda den su visto bueno previo al informe de intervención.

Un informe que hasta la modificación del programa en 2009 no era visible en la pantalla principal de programa, sino que tenía que accederse al mismo a través de un menú.

De la misma manera el interventor ha puesto de manifiesto que "en alguna reunión en la Alcaldía", así como en "conversaciones informales" con los concejales, se habían realizado las observaciones que advertían de la posibilidad de que la repetición de contratos menores con el mismo adjudicatario y concepto podían suponer el fraccionamiento de las obras.

Sobre conversaciones mantenidas con el constructor acusado, José Antonio Romero, ha declarado que "no lo recordaba".

La defensa ha preguntado si no consideró realizar algún reparo, figura jurídica superior, o si no pensó en denunciar, después de hacer decenas de observaciones a este tipo de contratos. A ello el interventor ha resaltado que no tenía conocimiento fehaciente de que se estuviera realizando un delito, solo que existía la posibilidad, y que por ello lo ponía en conocimiento. Asimismo, ha añadido que un reparo no hubiera paralizado el expediente, ya que en ese supuesto no tendría que haber ido a información pública en pleno.

La declaración del interventor municipal como testigo se ha alargado durante tres horas y media, desde las 14,50 horas hasta el receso de la comida a las 18,15, siendo uno de los testigos principales en la causa, al ser la figura a la que los seis acusados con cargo político señalaban como el responsable que no informó de las posibles irregularidades.