El juicio de la supuesta estafa cometida entre los años 2005 y 2006 por tres hermanos mediante operaciones de compraventa de casas de madera en Mengíbar (Jaén) que finalmente no se construyeron ha quedado este jueves visto para sentencia una vez que las distintas partes han elevado a definitivas sus conclusiones, que han sufrido modificaciones respecto a las inicialmente recogidas en el caso de las del Ministerio Fiscal, que finalmente ha solicitado una pena de cinco años de cárcel para uno de los encartados —A.J.M.M.—, y de cuatro para cada uno de los otros dos —P.M.M. y M.D.M.M.—, frente a los cuatro y tres años que pedía inicialmente.

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los abogados que ejercen la acusación en este caso, Fernando Balaguer, que ha precisado además que las acusaciones sí han mantenido sus peticiones iniciales, que oscilan, según ha explicado, entre los seis años de prisión que se solicitan para el primero de los acusados —al que se le atribuye la circunstancia agravante de reincidencia, ya que sobre él pesan dos condenas anteriores por otros delitos de estafa—, y entre cinco y cuatro para los otros dos hermanos, para quienes sus defensas solicitan la libre absolución.

De igual modo, el citado letrado ha explicado que a tenor de las declaraciones realizadas durante el juicio, que comenzó este miércoles, por la treintena de testigos se deduce que a pesar de que A.J.M.M. trató de exculpar a sus dos hermanos en este caso, asumiendo que él era quien firmaba los contratos de compraventa, éstos sí tuvieron un mayor peso en estos hechos. Así, algunos testigos han llegado incluso a apuntar que algunos contratos estaban "firmados" por P.M.M., según ha indicado la misma fuente.

En su declaración, realizada este miércoles, el primero de los encartados negó "haber jugado con el dinero de nadie" y remarcó que tenía "intención" de cumplir los contratos, al tiempo que reconoció haber contraído "deudas" con los clientes, a quienes cobraba adelantos que en algún caso llegaron a ascender a 40.000 euros y que no fueron devueltos posteriormente.

Según relató el aludido, dichas cantidades se destinaron "al pago de proveedores, materiales y trabajadores" de la comunidad de bienes que constituyó en el año 2002 junto a su hermano P.M.M., y que entre los años 2002 y 2005 se dedicó a "trabajos de carpintería y estructura metálica", si bien a partir de ese último año la empresa cambió su actividad y se centró en la construcción de casas de madera, de las que únicamente "entre ocho y diez" se terminaron, quedando un total de 26 sin edificar.

A pesar de que lo que la empresa ofertaba a sus clientes eran "casas terminadas", el responsable de la firma de los contratos de compraventa no devolvió los anticipos que los clientes le abonaron a pesar de que esa premisa no se cumplió, según reconoció durante el juicio el propio acusado, que justificó el hecho de que las viviendas no se terminasen de edificar por el "incremento de los costes" de construcción que se produjo cuando la sociedad que constituyó con su hermano "cambió el tipo y los materiales" de las viviendas ofertadas, lo que provocó que éstas costasen más que el precio en el que se vendían, según defendió.