La Mesa del Tabaco, que aglutina a agricultores, transformadores, fabricantes, distribuidores, estanqueros y fabricantes de máquinas expendedoras, junto con CEOE y los principales sindicatos, ha presentado este miércoles una campaña informativa para sensibilizar a la sociedad andaluza sobre las "graves consecuencias del contrabando", que llega al doce por ciento a nivel nacional, pero asciende a cifras de más del 40 por ciento en provincias como Cádiz y Sevilla.

Con el lema 'A mí me importa', esta iniciativa pretende explicar de manera directa los daños que ocasiona el comercio ilícito de tabaco por la facilidad de acceso de los menores al producto, la financiación de organizaciones criminales internacionales o la pérdida de recaudación fiscal.

La campaña 'Stop contrabando de tabaco', que se difundirá tanto en exteriores como en prensa escrita y en radio, está protagonizada por personas que viven en diferentes localidades andaluzas y que exponen las preocupaciones de los ciudadanos por este fenómeno, tratando así de sensibilizar a la sociedad andaluza.

En palabras del portavoz de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, "por primera vez todo el sector se une en una campaña para poner de manifiesto que el contrabando de tabaco es un problema muy grave, que tiene consecuencias para todos en nuestra vida diaria y que para acabar con él es necesario la implicación del conjunto de la sociedad. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo un magnífico trabajo, pero no es suficiente".

En paralelo al lanzamiento de esta campaña informativa, la Mesa del Tabaco ha puesto en marcha el microsite www.stopcontrabandotabaco.org donde se explica de manera muy gráfica qué es el comercio ilícito de tabaco y sus magnitudes, a través del impacto que tiene en la recaudación fiscal o en el empleo. Asimismo, se proponen soluciones para acabar con esta lacra mediante una mayor cooperación entre gobiernos o nuevas herramientas para asegurar la cadena de suministro legal.

1.200

Millones sin recaudar

En la actualidad, el contrabando de tabaco, que hasta hace unos años era inexistente en España, se sitúa en el doce por ciento, aunque en algunas provincias como Cádiz y Sevilla alcanza cifras de más del 40 por ciento.

Con estas tasas, el Estado deja de recaudar cada año 1.200 millones de euros. La recaudación fiscal a través de impuestos a las labores del tabaco (Impuestos Especiales, IVA y Recargo de Equivalencia) sumó 9.315 millones de euros en 2012, lo que equivale al 51 por ciento de los impuestos especiales recaudados en España y a casi el seis por ciento del conjunto de los ingresos fiscales del Estado.

Según un estudio realizado por Millward Brown para la Mesa del Tabaco, nueve de cada diez estanqueros andaluces afirma que el contrabando es la causa de la caída de sus ventas en una media del 38 por ciento durante el último año. En palabras del presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla, Fernando Romero, "los consumidores no han dejado de fumar, pero sí han dejado de venir al estanco".

Para Juan Páramo, "este problema puede agravarse aún más con la propuesta de Directiva Europea del Tabaco que se debate ahora en Bruselas". Este texto plantea, "sin evidencias científicas", restricciones en el uso de ingredientes o un aumento "desmedido" de las advertencias sanitarias gráficas, que contribuirán a homogeneizar los diferentes productos del tabaco, lo que en la práctica provocará "un aumento significativo del contrabando".

En este sentido, el portavoz de la Mesa del Tabaco ha recordado que, según estudio de la consultora independiente Analistas Financieros Internacionales (AFI), la Directiva podría provocar que el contrabando de tabaco se dispare hasta cifras del 23 por ciento en nuestro país, lo que supondría una pérdida de 1.700 millones de recaudación fiscal.

Para poder acabar con este grave problema, la Mesa del Tabaco insiste en que, aunque las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo un "magnífico" trabajo, es necesario trabajar de manera conjunta entre todas las partes implicadas, además del sector, los legisladores, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, los consumidores y los ciudadanos.